Artículo publicado en elplural.com el 26 de marzo de 2009
Enlace: http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=44719
El TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) ha anulado, con dos votos frente a uno, las escuchas ordenas por el juez Garzón como pruebas en el caso Gürtel. Esto demuestra que la Justicia, en muchas ocasiones, brilla por su ausencia en las decisiones de algunos de nuestros jueces, quienes deciden arbitrariamente entre el bien y el mal en función de sus filias y fobias. En realidad estamos ante un escándalo que nos da la medida de cuán necesaria es una reforma del Poder Judicial en nuestro país.
La búsqueda de la verdad en unos acontecimientos depende de que unos jueces, que juegan a ser parte al mismo tiempo, decidan cuáles son las reglas de juego ad hoc, y con ello qué pruebas aceptar y cuáles no. En este caso, si las escuchas inculpan a ciertas personas del PP no son pruebas válidas, y sobre todo si las ha ordenado un juez que ahora es perseguido por hacer bien su trabajo. Del mismo modo, mañana estos jueces podrían invalidar una grabación sobre un asesinato con los mismos argumentos empleados para inutilizar estas escuchas. Esto significa una pérdida total de la credibilidad en la Justicia, que acarrea algo más grave aún: el fracaso de la propia Democracia.
La Democracia, desde la filosofía política, queda dañada porque por encima de la vocación de Verdad y de Justicia parecen estar los juegos sucios de poder de las votaciones en los órganos judiciales, y al mismo tiempo, la Democracia, como hecho y sistema político de facto, también resulta deteriorada porque los ciudadanos observamos atónitos cómo los jueces toman decisiones partidistas, cuando nadie nos ha dado la oportunidad, siquiera, de colocar ninguna opción política en el Poder Judicial. La acción de los togados debería idealmente estar fuera del juego político, y ciertos jueces no hacen otra cosa que enseñar su plumero constante e impertinentemente.
Por ello, porque se les ve el plumero, y porque van a seguir tomando decisiones de carácter político, creo que es momento de plantearnos que los ciudadanos podamos votar a nuestros jueces, es decir, que tengamos derecho a elegir por sufragio qué tipo de Poder Judicial queremos. No nos merecemos que votemos unas líneas programáticas en las urnas, como el matrimonio homosexual, y que luego ciertos jueces, quieran abolir dicha ley. ¿Está el poder arbitrario de los jueces por encima del poder que emana de todos los españoles cuando ejercemos el derecho al voto? Pues me temo que sí, y desde tiempos remotos. Hace siglos que ciertas familias conservadoras llevan controlando la Justicia española. Y no es ninguna exageración. Por ello, quizás también deberíamos abrir la Constitución para corregir este Poder Judicial hipertrofiado e infalible, que empieza ya a plantearnos patologías políticas importantes.
Tenemos que tomar conciencia de que la Justicia es un Derecho Público, como lo es la Sanidad o la Educación, y que no nos debe ser ajena. En consecuencia hemos de
recuperar nuestra voz y nuestro espacio, y recordarles a ciertos jueces que los Palacios de Justicia no son sus cortijos particulares, ni escenarios de sus luchas partidistas, sino que son órganos que emanan del poder popular para buscar la Verdad y alcanzar la Justicia.
Esta situación urge ser corregida, y la reforma de la Justicia no consiste sólo en lo superficial de poner más ordenadores y contratar más personal ni mucho menos, sino que radica en cambiar su propia organización, su estructura y su funcionamiento dentro del orden constitucional.
Con unos jueces así (sean pocos o muchos) los ciudadanos nos sentimos defraudados, impotentes y perdemos la ilusión por el futuro: ¿para qué votamos y participamos en
la vida pública si luego el Poder Judicial, como si de un poder dictatorial se tratara, se toma la justicia por su mano? A estos jueces que toman estas decisiones no les gusta que hablemos en términos políticos de su actividad. Pues si quieren que no opinemos políticamente sobre ellos, que dejen de jugar a ser políticos fontaneros, que cuelguen su toga, y que se presenten con un programa a unas elecciones. Porque haciendo lo que están haciendo, invalidan su propio trabajo como jueces y desacreditan a la Democracia.
Alfonso Cortés González es profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga.
