Artículo publicado el 9 de abril de 2010 en elplural.com
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Desgraciadamente esta semana está cargada de noticias desoladoras, como los gravísimos casos de corrupción del Partido Popular por un lado y por otro que finalmente hayan conseguido, los herederos políticos del fascismo español, sentar a Garzón en el banquillo por tratar de hacer justicia y esclarecer el genocidio cometido por nuestra última dictadura. La corrupción mina el sistema desde dentro, y el caso Garzón mina la confianza y unión sentimental de las personas con la democracia. ¿Qué se les puede decir a los miles de familias, de los más de 100000 desaparecidos, que aún no han podido siquiera identificar a sus familiares? Ciertamente, no encontramos una respuesta coherente a esta pregunta.
Sin embargo, me gustaría poner voz a lo que está ocurriendo paralelamente en El Cabanyal, porque, evidentemente por razones de agenda-setting, está quedando en un segundo plano. Esta mañana, sin ir más lejos, hemos vivido momentos de tensos enfrentamientos de la policía contra la población civil, que se han saldado con dos detenidos y varios heridos.
Hay quien pueda decir que los manifestantes han provocado la brutal carga con comportamientos violentos. Pero que esto pueda haber sido así, no justifica una carga policial de esta dimensiones (hemos visto todos las imágenes en televisión de porrazos contra ciudadanos quietos). La Policía está especialmente entrenada para estas situaciones, y sabe cómo actuar directamente, y sin abuso de la fuerza, contra la persona violenta en cuestión.
Se me puso la carne de gallina cuando vi a la Policía de la España democrática arremeter contra la voz del pueblo, contra personas que tienen derecho constitucional a manifestarse. De este hecho derivan dos cuestiones sumamente importantes desde el punto de vista político: 1. Uso desproporcionado de la fuerza y violación de los derechos de muchos ciudadanos que han sido agredidos mientras estaban sentados, y por tanto sin mostrar violencia, y 2. Deslegitimación de la autoridad, ya que es de manual de primer curso de Ciencias Políticas, la cuestión de que el poder político pierde legitimidad cuando debe hacer uso de la violencia para hacer cumplir sus decisiones.
A pesar de que pueda haber algún elemento violento (no lo sé porque no he estado presente en la protesta, pero concediendo incluso que haya podido ser así) la derecha no debe empañarnos el cristal y tratar de ponernos una imagen distorsionada sobre este asunto delante de los ojos.
Hay que decir bien alto que lo que está ocurriendo en El Cabanyal es un atropello y una vulneración brutal del propio derecho a la propiedad de los ciudadanos. Lo que realmente está en juego son los sucios negocios inmobiliarios y urbanísticos de empresarios y políticos de corte gürteliano, que para forrarse atacan y roban a los pobres.
Y no es demagogia, porque independientemente del debate sobre la legalidad de la actuación urbanística del Ayuntamiento de Valencia (PP), queda claro que lo están desarrollando de forma deshonesta con sus ciudadanos (también electores), porque les quieren obligar a abandonar sus casas con un dinero en el bolsillo que no les llegaría para comprarse otra igual.
Aquí se debería acudir a la Justicia (espero que no sea aquella amiguita del alma del Presidente Camps), porque lo que no se puede hacer es robarle a las personas sus casas (sea completa o parcialmente) y encima darles de hostias porque protestan contra una decisión evidentemente injusta para ellos. En este caso nos encontraríamos no con un hurto limpio o de guante blanco, sino un gran atraco a mano armada.
Alfonso Cortés González es profesor de la Universidad de Málaga
