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Pásale factura al Papa

OBSERVATORIO DE LA LAICIDAD – EUROPA LAICA

Se trata de enviarle a Benito XVI el máximo número de correos a través de su nuncio en España, con la factura informativa de sus próximos viajes.

Pásale factura al Papa

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Y si perteneces al mundo universitario no olvides entrar en

Campaña por una Universidad Pública y Laica

 

Manuel Navarro

Responsable del Observatorio

 

VISITAS DE RATZINGER A SANTIAGO Y BARCELONA EN NOVIEMBRE DE 2010 Y A MADRID EN AGOSTO DE 2011
 
VISITAS QUE VAN A SER FINANCIADAS CON FONDOS PÚBLICOS Y EN DONDE VA A SER RECIBIDO CON HONORES DE JEFE DE ESTADO, HECHO LAMENTABLE. YA QUE COMO CIUDADANO Y DIRIGENTE DE UNA COMUNIDAD RELIGIOSA PUEDE IR DONDE LE PAREZCA, PERO LOS GOBIERNOS DEBEN DE ABSTENERSE, POR UN LADO DE TRATARLO CON HONORES, YA QUE EL VATICANO ES UNA FICCIÓN DE ESTADO Y, POR OTRO LADO DE CAUSAR UNA CUANTIOSA MERMA A LAS CUENTAS PÚBLICAS.
 
LA IGLESIA CATÓLICA ESPAÑOLA ES INMENSAMENTE RICA, ADEMÁS RECIBE DEL ESTADO DÁDIVAS POR VALOR DE MÁS 10.000 MILLONES DE EUROS AL AÑO, A TRAVÉS DE DIVERSOS CONCEPTOS Y EXENCIONES, CURIOSAMENTE ES UNA SUMA EQUIVALENTE, CON LA QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA PRETENDE REDUCIR LOS GASTOS PÚBLICOS EN 2011 A COSTA DE LAS PENSIONES, DE INFRAESTRUCTURAS, DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS, DE AYUDAS AL DESARROLLO, DE APOYOS A SECTORES MÁS DESAFAVORECIDOS Y A LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
 
EN LAS PRÓXIMAS VISITAS A SANTIAGO Y BARCELONA LOS GOBIERNOS MUNICIPAL Y AUTONÓMICOS SE VAN A GASTAR UNOS 200.000 EUROS POR HORA DE ESTANCIA EN LA PENÍNSULA, ES DECIR UNOS 5 MILLONES DE EUROS Y EN LA VISITA A MADRID EN AGOSTO DE 2011 LA CIFRA SUPERARÁ LOS 50 MILLONES DE EUROS.
 
AHORA QUE ALGUNAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS NOS ESTÁN PASANDO FACTURA FICTICIA DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE UTILIZAMOS (POR EJEMPLO EL COSTO DE LA SANIDAD) ASÍMISMO DENUNCIAMOS EL COSTO DE LA VISITA AL PAPA. POR LO TANTO…
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La Religión y las armas

Artículo publicado en elplural.com
Enlace: http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=47496

Este no es un tema de actualidad realmente, sino centenario, que sin embargo invade la agenda de esta semana por el desasosiego e indignación de ciertos sectores católicos porque a su Cuerpo de Cristo no se le rindan honores militares. En realidad el asunto es de gran calado y demuestra como en algunos aspectos España y algunos de nuestros compatriotas no han salido del Medievo y del simbolismo de la Reconquista, teniendo incluso en Internet imágenes por satélite que demuestran que la Tierra es redonda.

Es razonable que en el Corpus no se rindan honores militares ni se toque el Himno Nacional (símbolos del poder político y civil y no del religioso) porque en teoría somos un país aconfesional, del mismo modo que no se toca la Marcha Real al comienzo del Ramadán, por ejemplo, a pesar de que miles de españoles sean musulmanes. Si esto no se corrige, las otras confesiones religiosas que están legalizadas en España tendrían el mismo derecho que la católica a este tipo de parafernalias superficialmente folclóricas.

Por tanto, los católicos deben entender que una cosa son sus símbolos y otra cosa son los símbolos del Estado que nos deben unir a todos, y por tanto deben estar desposeídos de connotaciones religiosas o de intereses particulares. ¿Cambiamos el Escudo de España por el del Real Madrid? ¿Tocamos el himno nacional para celebrar el éxito de ventas de Volkswagen, propietaria de SEAT? Pues obviamente no lo hacemos porque banalizaríamos los propios símbolos del Estado, y contribuiríamos a su fractura porque muchos ciudadanos se sentirían agredidos, avergonzados, o excluidos de esa vinculación simbólica contra natura.

Por eso, el hecho de que ciertos sectores católicos y del PP sigan empeñados en vincular los símbolos del poder civil con el religioso, rompe más España (cosa que parece que les preocupa tanto) que cualquier otra iniciativa, porque la rompe desde dentro, la rompe allí donde haya un ciudadano español que vea su bandera vinculada a los intereses particulares de su vecino y por tanto la rompe en Madrid, en Barcelona, en Málaga y en Pontevedra. Por ello, no deberíamos vincular los símbolos que nos unen a los que no nos unen porque terminaríamos por no tener simbólicamente nada en común, y sin símbolos compartidos no hay sociedad que se sostenga.

Pero todo este despropósito que se mantiene incomprensiblemente desde la muerte de Franco, no sólo es simbólico, sino también monetario, y es de responsabilidad ponerlo en conocimiento de la población en estos momentos de crisis y de recortes. Resulta que en nuestras Fuerzas Armadas hay todo un plantel de curas castrenses (es decir, curas guerreros o curas que bendicen la guerra, con galones y con distintos rangos de oficiales y jefes) que cobran sus grandes salarios del propio Estado (y digo grandes porque son más abultados en muchas ocasiones que el de sus homólogos comandantes y coroneles por ejemplo de artillería). Es decir, que de nuestros impuestos y bolsillos supuestamente laicos estamos pagando un cuerpo de sacerdotes del Estado incrustado en los Ejércitos. Y además, estos curas-militares-funcionarios, no han pasado ninguna oposición para desempeñar ese puesto. ¿No es incomprensible además de injusto?

Como ciudadano pido al Ministerio de Defensa que tome valientemente cartas en este asunto, y no sólo en el plano simbólico, sino en el económico también. Y debe hacerlo por una gestión adecuada del protocolo de Estado, por solidaridad en la crisis y por coherencia política. Igualmente todos los partidos políticos deberían apoyar esta cuestión, porque ayudarían a recortar gastos innecesarios en estos tiempos de crisis, y estarían contribuyendo a la cohesión del país, dejando cada ámbito de poder en su sitio.

Jesucristo dijo “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, mientras la Iglesia Católica defiende que lo que es de la Iglesia es de la Iglesia, y lo que es del Estado también es de la Iglesia. Tomen nota católicos indignados y jerarcas de la Iglesia de las enseñanzas de quien llamáis Maestro.

Alfonso Cortés González es profesor de Comunicación Política en la Universidad de Málaga

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Proceso de adaptación de los estudios de Comunicación al EEES. El caso de Aragón, una comunidad pionera

Dra. Nerea Vadillo Bengoa Directora de la Facultad de Comunicación – Universidad San Jorge, Zaragoza – nvadillo@usj.es
Dra. Carmen Marta Lazo Profesora of Periodismo – Universidad de Zaragoza – cmarta@unizar.es
Dr. Daniel Cabrera Altieri Profesor of Periodismo – Universidad de Zaragoza – danhcab@unizar.es

Fuente: Revista Latina de Comunicación Social, 64.
Enlace: http://www.revistalatinacs.org/10/art/892_Zaragoza/14_Nerea.html

Resumen: La Comunidad Autónoma de Aragón (España) es una de las pioneras en su plena adaptación a los parámetros y exigencias que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior. En el curso académico 2008-2009, las universidades aragonesas con enseñanza presencial iniciaron los planes de estudio bajo la filosofía del conocido “modelo Bolonia” en la enseñanza de sus respectivos grados de las titulaciones de Comunicación.
En el presente artículo, analizamos el proceso de iniciación que han seguido los estudios, tanto en la universidad pública (Universidad de Zaragoza, UNIZAR) como en la universidad privada (Universidad San Jorge, USJ).
El principal objetivo de este trabajo es estudiar el modo en el que se han empezado a implantar los nuevos planes de estudio en Comunicación nacidos dentro del marco europeo común, para a partir de ahí realizar una primera evaluación acerca de las nuevas formas de aprender que exige la puesta en marcha de este modelo de enseñanza universitaria.
De este modo, concluiremos con los resultados que hasta el momento se han obtenido con la aplicación de los métodos activos de aprendizaje orientados a la adquisición de competencias profesionales y fundamentados en conceptos como el aprendizaje flexible y en el “long life learning” (LLL).
En definitiva, se trata de identificar las principales claves del cambio de paradigma que supone Bolonia en los estudios de Comunicación y de cómo y con qué resultados concretos se están traduciendo las novedades introducidas tanto en los contenidos de los grados como en la metodología docente utilizada, a partir de la experiencia llevada a cabo en Aragón.

Palabras clave: EEES; modelo formativo; estudios de comunicación; grados; Aragón.

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La transición inmodélica y el caso Garzón

artículo de Vincenç Navarro publicado elplural.com
Enlace: http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=45003

Cuando volví del exilio me sorprendió encontrar el mensaje tan generalizado (promovido por los establishments políticos y mediáticos del país) de que la transición de la dictadura a la democracia en España había sido modélica. Tal transición –se decía y continúa diciéndose- nos permitió pasar, sin mayores convulsiones, de una dictadura a una democracia homologable a cualquier otra democracia europea. Es más, algunos protagonistas de aquel proceso hablaron incluso de ruptura con aquel sistema dictatorial anterior, ruptura liderada por el Monarca que, aún habiendo sido nombrado por el Dictador, condujo el proceso hacia una monarquía constitucional, equiparable a otrs monarquías europeas.

Esta lectura idealizada de la transición continúa a pesar de que la evidencia que muestra que tal transición no fue modélica es extensa, clara y robusta. No sé si hubiera sido posible otro tipo de transición. Sobre ello no quiero pronunciarme, pero lo que sí está claro es que de modélica tuvo poco. Se hizo bajo el enorme dominio de las fuerzas conservadoras que había apoyado aquella dictadura y controlaban el aparato del Estado, desde la Monarquía al Ejército, pasando por la Judicatura. Ni que decir tiene, que las izquierdas, y muy en particular las movilizaciones populares (sobre todo de la clase trabajadora de las distintas naciones y pueblos de España) fueron determinantes en abrir aquel proceso iniciado por la Monarquía (cuyas propuestas iniciales de cambio eran claramente no democráticas). Franco murió en la cama, pero el régimen que lideró murió en la calle. Pero la abertura, que introdujo la democracia, se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras que continuaron controlando el aparato del Estado.

Uno de los indicadores del dominio conservador en las culturas políticas y mediáticas del país, es que a aquel régimen dictatorial se le define erróneamente como franquista, indicando con ello que era un régimen caudillista, autoritario (aunque no totalitario), liderado por un General, y por unas élites supeditadas al Caudillo. Pero, aquel régimen fue mucho más que caudillista. Lo que se ignora o se oculta es que fue un régimen fascista, tal como he detallado en otro texto documentando como aquel régimen tuvo todas las características que definen a un estado fascista, (ver mi libro <i>Bienestar Insuficiente, Democracia incompleta</i>. De lo que no se habla en nuestro país. Premio de Ensayo Anagrama 2002). Tal régimen fue establecido predominantemente por una clase social (centrada en el mundo financiero y empresarial) que fue impuesto a la población española para defender sus intereses de clase frente a las conquistas sociales de la clase trabajadora (conseguidas por la vía democrática durante la II República). El régimen estuvo cohesionado por una ideología totalitaria y totalizante (que invadía todas las esferas del ser humano desde el sexo a la lengua hablada), dotada de un nacionalismo hispánico extremo, con claras connotaciones racistas (el día nacional se llamaba el día de la Raza) junto con un tipo de catolicismo enormemente reaccionario que promocionó al Caudillo como la mano de Dios.

El lenguaje que utilizamos no es neutro. Y el hecho de que se defina aquella dictadura como caudillista en lugar de fascista, responde a un proyecto político conservador exitoso. Diluye la enorme importancia que tuvo en la configuración de aquel régimen la clase dominante, que continúa teniendo una enorme influencia en la vida financiera, económica, política e incluso mediática del país, en un sistema democrático altamente insuficiente y limitado, basado en un estado dominado por personajes heredados del régimen anterior.

El mejor ejemplo de ello es lo que está pasando en el Tribunal Superior. El partido fascista –La Falange- está exitosamente llevando a los tribunales al único juez en España, el juez Garzón, que ha intentado llevar a los tribunales a las autoridades responsables de los enormes crímenes realizados por aquel régimen fascista (ayudando además a las familias de las más de 120.000 personas asesinadas y desaparecidas). Y el Tribunal Supremo, presidido por un juez que en su día juró lealtad al movimiento fascista (el Movimiento Nacional) ha aceptado el mérito de tal acusación, basándose en que el juez Garzón estaba violando la Ley de Amnistía que se hizo en la transición que, supuestamente, exculpaba a los responsables de los crímenes realizados por aquella dictadura. Y para mayor insulto, el juez miembro del Tribunal Supremo que dio luz verde al proceso de enjuiciamiento del Juez Garzón, es el magistrado Adolfo Prego, patrono de honor de la fundación de ultraderecha, Defensa de la Nación Española, que será el que redactará la sentencia final. Tal señor es promotor de los libros del mayor defensor del golpe militar fascista de 1936, Pío Moa.

Y es otro indicador del enorme poder de las derechas en España el hecho de que, con escasas excepciones, no haya habido una protesta masiva del establishment político y mediático del país al enjuiciamiento del juez Garzón. Todo lo contrario, el argumento de la independencia de la rama jurídica del estado se ha utilizado ampliamente (incluso por algunas voces como el alcalde socialista de Zaragoza, el Sr. Alberto Belloch), como una exigencia del sistema democrático, con lo cual se llega al absurdo de que no denunciar aquella situación –profundamente ofensiva para cualquier conciencia democrática- se presenta como una exigencia democrática. Esta actitud ignora u oculta el carácter antidemocrático de instituciones y personajes cuyos comportamientos están dañando e inhibiendo el pleno desarrollo de la democracia española. Es inimaginable que en cualquier otro país que hubiera sufrido el fascismo y el nazismo (Alemania e Italia, entre otros), existiera hoy una situación semejante, en la que el partido nazi (prohibido en Alemania) llevara al Tribunal Supremo (en el que hubiera varios miembros que juraron lealtad al nazismo, algunos de los cuales permanecieran todavía activos en causas heredadas del régimen nazi anterior), al único juez que hubiera llevado a los tribunales a los responsables de los horribles crímenes realizados por el nazismo. Y es inimaginable que el alcalde de cualquier ciudad alemana indicara que hay que respetar el orden judicial y dejar hacer a la justicia. Hablar de justicia en este contexto es una farsa.

Otro argumento que se ha utilizado para oponerse a la denuncia del Tribunal Supremo ha sido el de negar que sea un proceso político, tal como ha hecho Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional, en su columna semanal en <i>La Vanguardia</i>. Este autor basa su argumento de que el ajusticiamiento de Garzón no es una maniobra de las ultraderechas, en el hecho de que el juez instructor que inició el proceso de reconocer y admitir la querella del partido fascista fuera el juez Luciano Varela, un juez perteneciente a la asociación progresista Jueces para la Democracia, concluyendo con ello que el caso Garzón no es un caso político sino un caso de lecturas distintas de las funciones de la judicatura. El hecho de que Varela fuera progresista en su día es, sin embargo, irrelevante. Que el juez Varela, de conocida hostilidad hacia el juez Garzón, utilice una Corte, el Tribunal Supremo, con gran densidad de personas cuya sensibilidad política de ultraderecha favorece el resultado de la denuncia del Partido fascista –la Falange-, muestra un comportamiento oportunista que lo hace colaboracionista de tal instrumento fascista en su intento de eliminar a Garzón. Seguro que el juez Varela conoce la historia de nuestro país, que sabe qué representa la Falange (que asesinó a miles de españoles), y que conoce el olvido al cual han sido sometidas las víctimas de aquella horrible dictadura fascista. Y también seguro que sabe que el juez Garzón fue el único que intentó corregir esta situación. Olvidar todos estos hechos y anteponer sus propias antipatías personales a la necesidad de corregir tales entuertos, merece la denuncia y el desprecio de cualquier persona española que se considere demócrata.

En realidad, todos estos hechos muestran que la transición fue profundamente inmodélica, pues nos dejó una democracia muy incompleta en la que las derechas (de nula cultura democrática) están utilizando su control de instituciones claves del estado para continuar eliminando las voces democráticas que cuestionan su poder y su historia.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Blog de Vicenç Navarro  

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Fascism is Alive and Well in Spain: The Case of Judge Garzon

publicado por Vicenç Navarro.
enlace: http://www.vnavarro.org/?p=3972&lang=en
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The fascist regime led by General Franco was one of the most repressive regimes in Europe in the twentieth century. It was imposed on the Spanish people by Hitler and Mussolini; without their assistance, Franco could not have defeated the popular forces that defended the democratically elected government of the Spanish Republic during the years 1936–1939.

The establishment of the Republic had opened up the possibility of making important reforms needed in Spain to respond to the demands of the popular classes.  The first democratically elected republican government instituted land reform (which antagonized the large landowners – the Catholic Church being among the largest); educational reform that expanded public education (antagonizing the Church, which controlled the educational system); and public pension reform (antagonizing banking). It also facilitated the organization of workers by encouraging trade unionism (antagonizing employers), reduced the number of top officers in the Armed Forces, and instituted many other highly popular changes. In response, the groups opposed to these reforms, led by the Army and assisted by troops and military equipment sent by Hitler and Mussolini, carried out a military coup.

The coup was strongly resisted by Spain’s popular classes, who fought for three years to defend the Republic, under enormous difficulties – the major one being the lack of arms (there was one gun for every three soldiers on the front). The Western democratic governments did not lift a finger to help the democratically elected government of Spain. As Winston Churchill said, the European governments were afraid that the popular reforms taking place in the new Republic would “contaminate” their own popular classes, who would then ask for the same changes in their own countries. So these governments chose to follow their class interests, Churchill said, over national interests. And, as history proved, this was the wrong choice. Their failure to assist the democratic forces in Spain only helped Hitler and later, in starting World War II.

Franco’s victory in Spain meant brutal repression. More than 200,000 men and women were executed, and another 200,000 died in fascist concentration camps and other places of detention. And 114,266 people simply disappeared. They were killed by the Falange (the fascist party) or by the Army, and their bodies were abandoned or buried without being identified (see my  “A Forgotten Genocide: The Case of Spain”).

Up until the last year of the dictatorship, 1978, repression was a constant in Spain’s fascist regime. Of course, apologists for that regime (coming from the fascist apparatus of the state) – such as Juan Linz, later a professor of political science at Yale – denied that Franco’s regime was a fascist totalitarian regime. They defined it as authoritarian, but not totalitarian, by which Linz (and Spain’s right-wing Popular Party, the PP) meant a regime that did not impose a totalizing ideology on the population. This claim is easily proven wrong. Spanish fascism was rooted in a profound and intense form of nationalism based, by its own definition, on a special race – the Hispanic race (the national day celebrating the conquest of Latin America was called the Day of the Hispanic Race) – that was chosen by God as the savior of civilization (this being rooted in a profoundly reactionary form of Catholicism) and led by a man of superhuman qualities, General Franco. The regime controlled all the country’s value-producing systems, from school tests to sports magazines. To deny the totalizing character of that regime, and how it controlled and imposed itself on all spheres of life, is plain apologetics.

The transition to democracy in 1978 was carried out on terms very favorable to the right-wing forces controlling the Spanish state, led by the king, who regarded Franco “as one of the greatest patriots in the history of Spain, savior of the nation against the Red forces”. A key element of the transition was the Amnesty Law, which called for immunity for all who had committed political crimes during the dictatorship. The law was accompanied by a Pact of Silence among the leaderships of all political parties, including the left-wing parties (the socialist and communist parties). As a consequence, the 114,266 disappeared remained disappeared.

Then, three years ago, the grandchildren of the disappeared (the desaparecidos) started looking for their bodies. Village by village, they began to search for them – a movement that immediately received huge popular support at the street level. There were people who knew where the disappeared were buried, but they had been afraid to talk about it, even thirty years after Spain’s return to democracy. The movement spread throughout the country, putting right-wing forces (and the old leadership of the left-wing forces) on the defensive. This movement has challenged the official perception and presentation of the change from dictatorship to democracy as a “model” transition. In fact, in this “model” transition, the right-wing forces still held enormous power.

The movement to recover the disappeared was instrumental in forcing a new law, approved by the Spanish Parliament, to break the Pact of Silence. The Law of Historical Memory calls for the government and public authorities to help families find the bodies of their loved ones. But the socialists in government (with the exception of the Catalan government, a coalition of three left-wing parties) have done very little to advance this. They are afraid of antagonizing the powerful forces (the monarchy, the Army, and the Church) that insist on the need to respect both the Pact of Silence and the Amnesty Law.

Enter Judge Garzon. This is the Spanish judge who tried to take General Pinochet to court when the general was in London, and who led the movement to take other Latin American dictators to court. He came under increasing pressure from the popular movement working for the recovery of historical memory in Spain to look at what had happened at home, not just abroad. Pinochet, after all, was a boy scout compared with Franco: General Franco’s repression was even more brutal than that carried out by his disciple, General Pinochet.

Finally, in response to this popular pressure, Judge Garzon called for an inquiry into the crimes committed by the Franco dictatorship, so as to hold tribunals and take those responsible for the horrors of that regime to court. It was a courageous and highly popular move. For the first time, an official report was prepared, by Garzon, documenting the extent of the repression under fascism in Spain. And, as it turns out, the repression was even broader and deeper than previously known. Many people had never spoken (even to their own children) of what they had seen and experienced during those years.

And, of course, the reactionary forces mobilized. There are very powerful forces in Spain that want to stop Garzon and punish him. The fascist party (La Falange) and other ultra-right-wing forces took Judge Garzon to the Supreme Court, asking that he be stopped from taking Franco’s regime and those responsible for the desaparecidos to the tribunals. And to everyone’s surprise, a member of the Supreme Court, Judge Varela, who had been assigned by this court to look at the fascists’ denunciation of Garzon, saw merit in their request: according to this judge, the Amnesty Law signed in the last days of the dictatorship gave permanent immunity to all who had committed violations of human rights under the fascist regime. This judge’s position increased the likelihood of Garzon’s being taken to the Supreme Court (a five-member court presided over by a judge who swore loyalty to the fascist regime).

It is interesting to read in Judge Varela’s indictment the way in which he justifies the need to take Judge Garzon to court. “[Garzon’s] actions seem to imply that there has been a pact of silence about the actions taken by the previous regime, exposing all the political and judicial systems to the criticism of having been insensitive to the defense of human rights and defense of the forgotten”. Judge Varela wants to prevent Judge Garzon from continuing his trial of the Francoist regime because it will reveal that there has been a pact of silence and that neither the state nor the courts have put into practice the recently passed Historical Memory Law and have done nothing in defense of the forgotten. In that way, Varela wants to save the honor of the Spanish state and the courts and avoid any further embarrassment to the very powerful forces responsible for that silence and for that democratic insensitivity. The initial work done by Judge Garzon has already proved not only the horrible crimes committed by the Fascist regime, but also the deafening silence during the 30 years of democracy. Judge Varela added that the Amnesty Law prevents any inquiry into the crimes committed during the dictatorship, ignoring the fact that the Spanish state has signed the United Nations Human Rights Law, which in Article 15.2 clearly states that the “crimes against humanity” cannot be silenced by national laws such as Spain’s Amnesty Law.

In a few days, the Supreme Court (chaired by a judge who swore loyalty to the Fascist regime during the dictatorship) will pass judgment on Garzon and most likely will divest him of his judicial responsibilities. To put this in perspective, what is happening is equivalent to the Supreme Court of Germany (presided over by a judge who swore loyalty to the Nazi Government) responding to the request of the Nazi Party and passing judgment on the only judge who had dared to try the crimes committed by the Nazi regime. This is what is happening in Spain. And the “official” international media remain silent.

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La reforma de las pensiones

Artículo publicado en elplural.com: http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=43032

Parece que el sistema de pensiones necesita una reforma. Sobre todo si atendemos a esta simple explicación matemática: a la misma recaudación por cotizaciones, se le resta que cada vez los jóvenes empiezan a trabajar más tarde y que la esperanza de vida es cada vez más alta. En este sentido, a largo plazo, es obvio que las cuentas no salen.

Ahora bien, este es un tema que no debemos tomar a la ligera, ni debemos dar un cheque en blanco a ninguna propuesta a priori, ya que es un asunto muy serio, digamos claramente que de Estado, ya que va a la médula del llamado Estado del Bienestar, y de sus derechos sociales conseguidos con durísimos esfuerzos a lo largo de nuestra historia. En consecuencia, debe ser éste, un debate al que debemos dedicarle mucho tiempo y reflexión, para no darle una salida apresurada y por ende irresponsable. Podemos estar, si es necesario, un par de años debatiéndolo.

Para que el sistema de pensiones sea sostenible, el catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri explicó que se pueden tomar tres caminos: “Aumentar los ingresos del sistema, reducir sus gastos u optar por una combinación de ambas”. La propuesta del Gobierno está orientada a reducir los gastos, pero eso no quita que en este necesario debate, atendamos también a otras posibilidades, como por ejemplo proponer un nuevo impuesto, además de las actuales cotizaciones, para mantener las jubilaciones como hasta ahora. Es sólo otra idea más sobre la mesa.

En este sentido debemos pedirle al Gobierno que estudie todas las opciones y nos presente, sin paños calientes, los datos obtenidos y sus conclusiones para poder tomar en consideración la propuesta más adecuada, y que nos deje a la sociedad civil, tener capacidad de decisión en este crucial asunto: las cuentas de nuestra vejez.

Puede resultar controvertido, pero no estoy totalmente en contra de esta propuesta, con la condición de que antes el Gobierno se comprometa, en primer lugar, a mantener el sistema público de pensiones al 100%, a sondear y explicar también otras alternativas y finalmente a solucionar definitivamente el problema básico de las cuentas de nuestro país, que es el fraude fiscal, al que ningún Gobierno se ha atrevido meterle mano de verdad.

Sólo apoyaría, por tanto, perder el derecho a jubilarme a los 65, si antes se hacen esfuerzos reales para acabar con la economía sumergida, si se logra que las empresas no evadan impuestos ni operen a través de paraísos fiscales, y si se controlan las concesiones de pensiones derivadas de triquiñuelas de algunos listos (como empresarios que las fuerzan y personas que las buscan con falsas enfermedades), y si aún así la jubilación digna sigue en entredicho.

Es necesario señalar que son estas acciones fraudulentas las que merman sobremanera las cuentas públicas y las que ponen realmente en riesgo las pensiones. Si no tenemos estas cosas claras, acabaremos pagando el pato los mismos de siempre, renunciando a nuestros derechos adquiridos. Y esto no es justo, al menos desde la perspectiva de la izquierda

Considero que este tema no se está tomando con la tranquilidad y el rigor suficiente por un error, en principio, de comunicación del Gobierno, que no ha hablado con claridad ni ha explicado en profundidad la situación antes de lanzar a la opinión pública, de sopetón y en mal momento, esta intención reformadora.

Debe tener Zapatero, (el mismo que ayer en el desayuno con Obama seleccionó de la Biblia la frase de «no explotes al jornalero, su vida depende de su jornal”) más cuidado con la gestión de su comunicación y con su afición a lanzar indiscriminadamente globos sonda (ahora aumento el cómputo de las pensiones de 15 a 25 años, y luego lo vuelvo a disminuir a 15) con la intención de contentar a todo el mundo (nunca llueve a gusto de todos, hay que aceptarlo) ya que esto puede dilapidar el crédito político del proyecto socialista, en un momento en que algunos actores empresariales (vinculados históricamente a la derecha) están lampando por hacerse con el suculento plato de la gestión de nuestras pensiones. Y esto sí que supone un peligro para el jornal y las pensiones futuras de quienes realmente trabajan en este país.

Alfonso Cortés González es profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga

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