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Esta semana el PCE ha iniciado una campaña con la que quieren conseguir que sepamos qué es lo que el rey Juan Carlos hace con el dinero que se asigna a la Casa Real. En realidad es un síntoma positivo que, en nuestra agenda de discusión política, se hable también de la institución monárquica con cierta naturalidad. Hasta hace poco tiempo la figura del Rey venía siendo intocable, lo que evidenciaba, por cierto, un claro vestigio de la herencia política del régimen anterior.
En un Estado de Derecho, todos sus ciudadanos deben ser iguales ante la Ley, y merecen de la misma un trato idéntico. Hay quien pueda decir, y con razón, que esta iniciativa atenta contra un derecho personal, en este caso del Jefe del Estado, a hacer con su dinero lo que le venga en gana, como haría cualquier otro ciudadano. Lo que pasa es que nuestro Jefe de Estado es diferente a los demás: lo es por la Gracia de Dios (según las propias fórmulas de legitimación de las monarquías), y lo es también por Ley (ya que venía en el paquete constitucional).
Un rey en ejercicio es rey hasta su muerte. El resto de los españoles somos lo que somos circunstancialmente, es decir, hasta que no llegue alguien que lo haga mejor, hasta que no nos afecte un ERE, tan tristemente famoso en estos tiempos, o hasta que lo decida un jefe. Además, el hijo del rey, nace rey y será rey algún día. Nuestros hijos tendrán que pelear muy duro para poder conseguir un puesto de trabajo que con mucho esfuerzo les ayude a salir adelante. Así podríamos dar cientos de ejemplos, pero que por simplificar no vamos a exponer. En conclusión, al no ser el rey y el resto de los ciudadanos iguales ante la ley, no merecen por tanto el mismo abanico de derechos y deberes, y por consiguiente, ya que un rey tiene muchísimos más privilegios que cualquiera, es lógico que se le exija también más que a cualquiera.
Desde la perspectiva de la filosofía política, Democracia y Monarquía son dos conceptos opuestos, que no pueden estar unidos sin contradicciones, ya que la democracia apuesta por la igualdad de todos ante la ley, sin distinción de ningún tipo, e implica, asimismo, que todos los cargos políticos sean elegidos por los ciudadanos. Por tanto, hablar de monarquía parlamentaria como sinónimo de democracia no es más que un artificio político, que aunque haya funcionado, podríamos decir que bastante bien en muchos países, no deja de ser eso, un artificio. Y por ello, y aunque no sea justo fiscalizar las cuentas de Juan Carlos de Borbón, más detenidamente que al resto de los españoles, secundo esta propuesta excepcional, apoyada sobre la propia excepcionalidad de la figura de un monarca en la Europa del siglo XXI.
Dejando a un lado este debate de filosofía política, y discutiendo ya a nivel pragmático, si un rey en un país que se dice democrático, no es capaz de ser mejor que los demás, no es capaz de someterse a mayor control que los demás (por que tiene poderes a los que nadie podríamos acceder), no se merece ser rey de dicho país. En este sentido, la Casa Real, supongo que, se estará andando con cuidado para tratar de mantenerse útil y seguir teniendo sentido. Juan Carlos ya ganó (justamente o no), para el tribunal de los españoles, sus oposiciones a Rey el 23-F de 1981. Felipe aún estar por ganar estas oposiciones sin temario ni control a la más alta magistratura del Estado.
Alfonso Cortés González, profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga
