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enero, 2010:

La cadena perpetua

Artículo publicado en elplural.com, para leerlo pinche el siguiente enlace:
http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=42711

Pensarán muchos de los lectores que este artículo es una feroz argumentación en rechazo a la cadena perpetua. Y aunque mi opinión al respecto es, efectivamente, de una rotunda oposición a este tipo de castigos, voy a entrar al trapo del PP y vamos a debatir muy breve y tranquilamente sobre la cadena perpetua en España.

Antes de nada, los chicos y chicas del PP no deben saber (igual lo saben, y cabe pues la posibilidad de que sean así de marrulleros) que para implantar la cadena perpetua en nuestra legislación es necesario cambiar la Constitución. En este sentido, les pido a los de Rajoy que no nos tomen el pelo, y que empiecen por tanto a plantear de qué forma y en qué puntos debemos cambiar la Carta Magna. Es decir, deben estar dispuestos a abrir este melón.

La reforma constitucional se puede realizar por dos procedimientos: el ordinario y el agravado. El primero de ellos, está previsto para reformas parciales, y el procedimiento agravado, por su parte, está pensado para reformas totales o bien para reformas parciales en las que se cuestione los Derechos Fundamentales o bien el asunto de la Corona. En ninguno de los dos casos, se puede iniciar la reforma en medio de reacciones emocionales que puedan alterar las decisiones. En este sentido, el tema Rafita (el asesino de Sandra), les impediría emprender el proceso por ser una coyuntura en la que la sociedad está impactada y sensibilizada por sucesos de crónica negra.

Supongo que el PP optaría por la reforma ordinaria y en un período de sosiego emocional, ya que no le interesaría debatir sobre otros aspectos y centrar el debate a ese único punto: explicitar que quieren que las condenas en España estén orientadas al castigo, en lugar de a la reinserción. Pero claro, para hacer esto se necesitan, resumiendo, tres quintos de votos favorables en la Comisión Mixta (Congreso y Senado). Y claro, el PP ni con mayoría absoluta puede tener 3/5 de los diputados. En consecuencia, que no nos cuenten rollos, porque ni aún ganando las elecciones con mayoría absoluta, podrían reformar en este sentido la Constitución. La única manera que tienen para que se pudiese iniciar esta reforma constitucional, sería promoviendo un referéndum, tras el apoyo de 35 diputados y 25 senadores. Así que tengan la honestidad y el valor suficiente para iniciar este camino, si realmente creen en ello, y juéguense, por tanto, su crédito político en esta aventura.

Pero apostaría a que no tienen el coraje de hacerlo. Está claro que el partido de Rajoy simplemente habla del posible debate de la cadena perpetua para ganarse demagógicamente las voluntades de personas que desconocen el sistema político e institucional. Eso es un uso perverso de la comunicación política, sobre todo por parte de un partido con posibilidades de gobernar, que lo que tendría que hacer, por el contrario, es pedagogía social y elevar el conocimiento sobre los asuntos públicos de los ciudadanos. La verdad que es una pena, pero está visto que en nuestro país lo que tenemos de perpetua, es la perpetua derecha. Desde tiempos inmemoriales.

Alfonso Cortés González, Profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga

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El Parlamento Europeo privado de representatividad

Publicado en Le Monde Diplomatique (edición española). Para leerlo completo en su fuente original pinche aquí.

Si hay una crítica que se le formula constantemente a la Unión Europea (UE), es la de su “déficit democrático” debido a la creciente divergencia entre los poderes que le han transferido los Estados y la posibilidad otorgada a los ciudadanos de ejercer su soberanía. No obstante, pocos análisis cuestionan su funcionamiento, y en consecuencia surgen pocas propuestas para colmar dicho déficit.

Esta vacuidad política deja el campo libre a iniciativas esencialmente centradas en una mejor “comunicación”. Así, en octubre de 2005 la Comisión Europea lanzó la iniciativa conocida como 3D -por democracia, debate y diálogo- (1), con el objetivo de “acercar Europa a sus ciudadanos”. Los términos utilizados son significativos: desde el punto de vista de Bruselas parece existir por una parte la “Europa” platónica, y por la otra “ciudadanos” desinformados. Se podría pensar que previamente a cualquier reflexión sobre la democracia europea, sería lógico considerar que los ciudadanos no tienen que “acercarse” a Europa, porque ellos “son” Europa…

El fortalecimiento de los poderes del Parlamento Europeo a veces se reivindica como la clave de la democratización de las instituciones de la Unión. Evidentemente, no cabe ninguna duda de que la llegada de un verdadero parlamentarismo a escala de los Veintisiete (2) constituiría un verdadero progreso. Pero el principal obstáculo a la aparición de una auténtica democracia europea reside en la opacidad del proceso de decisión institucional y en la confusión mantenida entre los intereses particulares de los Estados miembros y el interés general de la Unión.

La soberanía popular no se reduce a la existencia de una asamblea votada. Se ejerce diariamente mediante la posibilidad, para el pueblo, de conocer las prerrogativas de sus representantes, de darles mandato en cuanto a las orientaciones y de seguir el proceso decisorio. Se ejerce también por la posibilidad de intervenir en el debate en el momento justo y en el lugar preciso. Ahora bien, en su mayoría los ciudadanos tienen la sensación -justificada- de sufrir las decisiones comunitarias sin controlar los mecanismos. Saben confusamente que casi todas las leyes y reglamentos que regulan su vida diaria son de origen europeo, pero ignoran cuándo y cómo se han tomado estas decisiones, quién asume su responsabilidad y a quiénes pueden pedir cuentas al respecto.

Primer acto de democratización: establecer la distinción neta entre una administración que ejecuta y un poder político que discute, orienta y decide. En democracia, nunca el poder político puede escudarse detrás de una administración para eludir sus responsabilidades. Pero en las instituciones europeas se ridiculiza este principio fundamental: no sólo la Comisión monopoliza la iniciativa legislativa, sino que interviene también en la esfera política del Parlamento y el Consejo. Así pues, se pudo escuchar a un comisario europeo informar al Parlamento, antes de votarse un proyecto de Directiva, que la Comisión no seleccionaría tales y cuales enmiendas aunque los votos le otorgasen la mayoría (3).

Segundo acto, de aclaración esta vez: importa que los ciudadanos europeos perciban con claridad la distribución de funciones y la división de responsabilidades entre las dos instituciones políticas que son el Parlamento por una parte y por la otra el Consejo (o los Consejos de Ministros), donde tienen sus asientos los representantes de los gobiernos. Por cierto, los especialistas conocen una distribución tan compleja, pero sigue siendo poco transparente para la gran masa de europeos. ¿Cuánta gente sabe con exactitud cuándo se consulta simplemente al Parlamento, en qué ámbitos co-decide con el Consejo y según qué modalidades?

En ausencia de esta distinción y esta aclaración, los ciudadanos están incapacitados para ejercer una prerrogativa democrática esencial: el control de la decisión. En democracia representativa, los políticos votados por el pueblo son responsables ante sus electores. Esta transparencia no existe en la UE. No cabe duda de que la intervención de los parlamentos nacionales podría garantizar un mejor control democrático de las decisiones, pero a condición de definir claramente las prerrogativas de unos y otros: en efecto, no habría que poner a competir las asambleas que representan a cada uno de los veintisiete pueblos europeos -y por consiguiente los intereses particulares de cada una de las naciones que componen la UE- con el Parlamento Europeo, que se supone representa al conjunto del pueblo europeo, y en consecuencia al interés general de Europa. Tanto más cuanto que los intereses nacionales también son asumidos por el Consejo, pero sin ninguna transparencia y fuera de todo control.

En efecto, las principales decisiones que comprometen el futuro de Europa se toman en los Consejos Europeos, que reúnen a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, y en los Consejos de Ministros de la Unión. Por lo tanto, la intervención de los parlamentos debería realizarse con anterioridad a esas reuniones, para que los Ministros, Jefes de Estado y de Gobierno fijen sus posiciones a partir del mandato que les habría otorgado la representación nacional de su país. Cada Parlamento nacional podría discutir el orden del día de los Consejos Europeos y, después del debate, ser informado de sus resultados. Por medio de sus diputados electos, los ciudadanos podrían así controlar las decisiones que toman sus gobiernos, y éstos ya no podrían lamentarse del carácter impopular de muchas de ellas escudándose detrás de “Bruselas”, siempre designada como un lugar de poder sin rostro sobre el cual no tienen ningún ascendiente.

En una Unión Europea ampliada donde existen numerosos conflictos entre antiguos y nuevos Estados miembro en materia social, fiscal y presupuestaria, se volvía difícil establecer el equilibrio entre interés general europeo e intereses nacionales particulares. Con 27, el método intergubernamental que había prevalecido hasta el momento alcanza sus límites; se agota en la yuxtaposición de exigencias a veces irreconciliables y bloquea muchas decisiones, a falta de un arbitraje decidido en nombre de un interés general que tiene en el Parlamento Europeo la única instancia apta para expresarlo institucionalmente.

Los diputados europeos, contrariamente a los miembros del Consejo, no son los representantes de un Estado: ocupan un escaño en un grupo parlamentario transnacional. Sin embargo, para ejercer la plenitud de sus atribuciones el Parlamento debe ganar en madurez. Al obtener los poderes que todavía le faltan hoy (en especial el derecho de iniciativa legislativa, lo que le quitaría el monopolio a la Comisión), ganaría en visibilidad, y los ciudadanos identificarían mejor el origen de las leyes y reglamentos. Pero también debe emanciparse de la presión de los grupos de presión y los gobiernos. En efecto, con mucha frecuencia los diputados europeos se pronuncian en función de intereses nacionales sectoriales.

Así es como los diputados alemanes miembros del Partido Socialista Europeo (PSE) y los del Partido Popular Europeo (PPE), grupo que reúne distintas formaciones nacionales demócrata-cristianas, unieron sus esfuerzos y sus sufragios para vaciar de la mayor parte de su sustancia el proyecto de reglamento REACH (4) sobre el control de la toxicidad de los productos químicos. Y eso para complacer a la poderosa industria química alemana, respaldada además por el gobierno de Angela Merkel. Asimismo, escasos son los diputados del PSE británicos que se desmarcaron del gobierno de Anthony Blair en la cuestión de la directiva europea acerca del tiempo de trabajo. Según la misma lógica, los eurodiputados franceses votan regularmente y en masa por el mantenimiento del Parlamento en Estrasburgo, cuando esta localización implica un considerable sobrecoste en gastos de funcionamiento.
El Parlamento ganaría en legitimidad si fuera capaz de suscitar debates realmente transnacionales que llevan a una politización de las cuestiones europeas equivalente a la de las cuestiones nacionales. Y más aún porque, compuesto de parlamentarios electos por sufragio universal directo, es la institución comunitaria más receptiva a la presión de las movilizaciones ciudadanas, lo que se pudo constatar en el debate de la directiva “Servicios”, llamada directiva Bolkestein. Las campañas de peticiones y las manifestaciones callejeras en varios países europeos pesaron sobre los debates en primera lectura, y provocaron el abandono de la disposición más inaceptable del texto: el principio del país de origen (PPO). Incluso cuando durante los meses anteriores la oposición a este principio, minoritaria en el seno mismo del grupo del PSE, parecía condenada al fracaso. Pero a falta de una movilización equivalente con ocasión de la segunda lectura, el Parlamento ratificó los repliegues pedidos por el Consejo. ¡La mayoría de los diputados del PSE, con la notable excepción de los socialistas franceses, incluso renunció a ejercer su derecho de enmienda para intentar restablecer la integridad del texto votado en primera lectura!

No obstante, el Parlamento Europeo es mucho menos receptivo a las presiones de la población que a las de los gobiernos. La batalla perdida sobre la cuestión de las perspectivas presupuestarias 2007-2013 (5) es reveladora de su tácita aceptación del predominio político del Consejo. Todos los eurodiputados saben que este presupuesto 2007-2013, tal como se votó finalmente, está lejos cubrir las necesidades mínimas indispensables para acompañar la ampliación de la Unión de 15 a 25 (en mayo de 2004) y luego a 27 Estados miembro en enero de 2007. Pero en su mayoría e individualmente se alinearon con la posición del Consejo, avalando así la mezquindad de los gobiernos de los países más ricos. Una de las causas de este fracaso reside en que, en la pugna que durante algunos meses lo opuso al Consejo, el Parlamento no pudo basarse en una conciencia política europea y popular. La responsabilidad política de esta situación se diluyó en el agujero negro del procedimiento de decisión.

En su voto, la mayoría de los eurodiputados no sintieron la obligación que crea la defensa del interés general europeo y el mandato político. Simplemente porque este mandato no existía, y sobre todo porque el concepto de interés general europeo sigue sin estar definido. Lo que precisamente debería ser una de las misiones de los partidos a escala europea. Ahora bien, por el momento tal debate transnacional no está en el orden del día. Ni siquiera en el seno del PSE, donde el espíritu de consenso y el respeto del statu quo pesan con tanta intensidad, a pesar de los esfuerzos de los socialistas franceses y belgas.

En tanto que una nueva concepción de la democracia y del interés general europeos no encuentre los medios de expresarse, el mercado ocupará todo el espacio vacante e impondrá sus intereses. A riesgo de ver triunfar los recortes nacionalistas.

Notas:
(1) Producida tras los “no” francés y neerlandés al referéndum sobre el Tratado Constitucional Europeo, en febrero de 2006, esta iniciativa se continuó con un programa de acción para una mejor política de comunicación europea.
(2) Rumanía y Bulgaria serán oficialmente miembros de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2007.
(3) Declaración del Comisario de empleo Vladimir Spidla con ocasión del voto en primera lectura del Parlamento acerca de la directiva “Tiempo de trabajo”, el 11 de mayo de 2005.
(4) El reglamento REACH (acrónimo en inglés de “Registro, evaluación y autorización de sustancias químicas” fue adoptado definitivamente el 13 de diciembre pasado.
(5) El rubro “gastos” del presupuesto europeo está incluido en el procedimiento de codecisión entre Parlamento y Consejo. Pero sólo el Consejo decide el rubro “ingresos”, aprovisionado por la contribución de los Estados miembros. Tras haber votado un presupuesto de gastos de 974.000 millones de euros en junio de 2005, el Parlamento se sometió a la propuesta del Consejo, y en mayo de 2006 adoptó un presupuesto de 864.000 millones de euros. El Grupo [Europarlamentario] de Izquierda Unida Europea (GUE) y los diputados socialistas franceses votaron en contra.
Diputada europea, miembro del grupo parlamentario del Partido Socialista Europeo (PSE).

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Las cuentas del Rey y las cuentas al Rey

Artículo publicado en elplural.com. Para leerlo pinche en siguiente enlace:
http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=42511

Esta semana el PCE ha iniciado una campaña con la que quieren conseguir que sepamos qué es lo que el rey Juan Carlos hace con el dinero que se asigna a la Casa Real. En realidad es un síntoma positivo que, en nuestra agenda de discusión política, se hable también de la institución monárquica con cierta naturalidad. Hasta hace poco tiempo la figura del Rey venía siendo intocable, lo que evidenciaba, por cierto, un claro vestigio de la herencia política del régimen anterior.

En un Estado de Derecho, todos sus ciudadanos deben ser iguales ante la Ley, y merecen de la misma un trato idéntico. Hay quien pueda decir, y con razón, que esta iniciativa atenta contra un derecho personal, en este caso del Jefe del Estado, a hacer con su dinero lo que le venga en gana, como haría cualquier otro ciudadano. Lo que pasa es que nuestro Jefe de Estado es diferente a los demás: lo es por la Gracia de Dios (según las propias fórmulas de legitimación de las monarquías), y lo es también por Ley (ya que venía en el paquete constitucional).

Un rey en ejercicio es rey hasta su muerte. El resto de los españoles somos lo que somos circunstancialmente, es decir, hasta que no llegue alguien que lo haga mejor, hasta que no nos afecte un ERE, tan tristemente famoso en estos tiempos, o hasta que lo decida un jefe. Además, el hijo del rey, nace rey y será rey algún día. Nuestros hijos tendrán que pelear muy duro para poder conseguir un puesto de trabajo que con mucho esfuerzo les ayude a salir adelante. Así podríamos dar cientos de ejemplos, pero que por simplificar no vamos a exponer. En conclusión, al no ser el rey y el resto de los ciudadanos iguales ante la ley, no merecen por tanto el mismo abanico de derechos y deberes, y por consiguiente, ya que un rey tiene muchísimos más privilegios que cualquiera, es lógico que se le exija también más que a cualquiera.

Desde la perspectiva de la filosofía política, Democracia y Monarquía son dos conceptos opuestos, que no pueden estar unidos sin contradicciones, ya que la democracia apuesta por la igualdad de todos ante la ley, sin distinción de ningún tipo, e implica, asimismo, que todos los cargos políticos sean elegidos por los ciudadanos. Por tanto, hablar de monarquía parlamentaria como sinónimo de democracia no es más que un artificio político, que aunque haya funcionado, podríamos decir que bastante bien en muchos países, no deja de ser eso, un artificio. Y por ello, y aunque no sea justo fiscalizar las cuentas de Juan Carlos de Borbón, más detenidamente que al resto de los españoles, secundo esta propuesta excepcional, apoyada sobre la propia excepcionalidad de la figura de un monarca en la Europa del siglo XXI.

Dejando a un lado este debate de filosofía política, y discutiendo ya a nivel pragmático, si un rey en un país que se dice democrático, no es capaz de ser mejor que los demás, no es capaz de someterse a mayor control que los demás (por que tiene poderes a los que nadie podríamos acceder), no se merece ser rey de dicho país. En este sentido, la Casa Real, supongo que, se estará andando con cuidado para tratar de mantenerse útil y seguir teniendo sentido. Juan Carlos ya ganó (justamente o no), para el tribunal de los españoles, sus oposiciones a Rey el 23-F de 1981. Felipe aún estar por ganar estas oposiciones sin temario ni control a la más alta magistratura del Estado.

Alfonso Cortés González, profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga

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No somos tontos, Esperanza

Artículo publicado en elplural.com. Para leerlo pinche en el siguiente enlace:
http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=42259

No es la primera vez que se lanzan mensajes a la ciudadanía de lo mal que funcionan los servicios públicos, por el hecho de ser públicos, y que si estuviesen en manos privadas funcionarían mejor. Estos discursos falsos suelen venir acompañados de una gestión política que trata de desprestigiar y perjudicar los propios servicios que gestiona. Es un truco muy viejo, que en esta ocasión nos viene de nuevo de la mano de Esperanza Aguirre. La intención es clara: privatizar la gestión de la Ley de Dependencia.

Como informó ayer este diario, la Comunidad de Madrid está a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia. Su presidenta, achaca esta deficiencia a la falta de funcionarios, y al mismo tiempo tiene la desfachatez de afirmar que si se privatiza la gestión del servicio, se solventarían los retrasos. Habría que apuntarle al oído que en Andalucía o en el País Vasco, la Ley se está aplicando satisfactoriamente y no está privatizada. ¿Tiene también Esperanza Aguirre algún familiar o amigo interesado en gestionar estos asuntos? No es una pregunta baladí, teniendo en cuenta sus amistades  gürtelianas  y  tamallazas.

Es oportuno, en este sentido, poner las cosas claras y que la ciudadanía elija, sin contaminación de intereses, qué modelos de gestión le convence más. Cuando un servicio público lo gestiona el Estado (en cualquiera de sus formas, nacional, autonómica o local) no pretende ganar dinero, simplemente prestar el servicio originado de un derecho reconocido y legislado. Sin embargo, cuando este servicio, derivado, no nos olvidemos, de un derecho reconocido oficialmente, lo gestiona una empresa privada, además de prestarlo, quiere necesariamente obtener beneficios por ello. Y todo el mundo lo comprende.

Por tanto, es obvio que si el ejercicio de un derecho (a fin de cuentas recibir el apoyo de la Ley de Dependencia es un derecho) pasa por manos privadas, nos costará más caro que si lo gestiona directamente el Estado, ya que a los gastos fijos habrá que sumarle los beneficios. Otra cosa distinta es que se necesiten diez personas en una administración concreta para hacer el trabajo de cuatro, pero si este fuese el caso de los funcionarios madrileños, eso es responsabilidad directa de Aguirre, que lo que debería hacer es propiciar la productividad y buen funcionamiento del sector público. A no ser que no le interese a la lideresa las condiciones de vida de los madrileños.

Insisto en que desde las Instituciones Públicas no se debe (vemos que poder si se puede) bajo ningún concepto debilitar o perjudicar lo público. Por ello, tenemos que exigir, a todos nuestros representantes políticos, que mejoren las condiciones y prestaciones sociales, que para eso les hemos votado (a no ser que seamos millonarios insensibles que votamos a mala leche), en lugar de aplaudir como ignorantes cuando quieren repartirse el pastel del presupuesto público entre sus amigotes. Esta estrategia, empleada hasta la saciedad por el PP, se confecciona continuamente bajo la excusa de una mejora privatizadora. Si tenemos esto claro, seguro que nos irá mucho mejor.

Alfonso Cortés González, profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga.

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¿Es el sector público demasiado grande?

Artículo de Vicenç Navarro publicado en elplural.com. Para leerlo pinche aquí.

Las derechas en España – tanto las de orientación conservadora como las de sensibilidad liberal- están pidiendo que se reduzca el empleo público, el cual consideran excesivo. Enfatizan que hay que disminuir el empleo público como medida de austeridad del gasto público para poder salir de la crisis y señalan que la exuberancia del sector público está ahogando a la economía, la cual exige un menor peso del sector público para poder aumentar su eficiencia.

<!–Un indicador del carácter ideológico de tales propuestas es que se presentan constantemente en los medios de información y persuasión liberales (que son la mayoría en el país), a pesar de que los datos, fácilmente accesibles, muestran que el empleo público, en lugar de ser excesivo –como proclaman- es demasiado bajo, siendo éste de los más bajos de la UE-15. Según los informes de la organización internacional del trabajo, OIT, y de la Agencia de recogida de datos de la UE, Eurostat, el porcentaje de población adulta que trabaja en el sector público en España es sólo 9.47%, uno de los porcentajes más bajos de la UE-15.

El promedio de la UE-15 es 16.1% y en Suecia y Dinamarca (dos de los países con mayor eficiencia económica) es 21.12% y 26.24% respectivamente. A pesar de ello, las derechas continúan insistiendo en que el Estado (que incluye el gobierno central, más las CCAA y los municipios) es demasiado obeso y hay que adelgazarlo.

La otra observación que hacen es que además de ser demasiado grande el empleo público está creciendo desmesuradamente. De nuevo, los datos no apoyan tales proclamas. El porcentaje de personas adultas ocupadas en el sector público es bastante parecido desde el año 2000, con un ligero descenso desde el año 2005 pasando de ser un 9.63%, a un 9.47% en 2008. Ha crecido, sin embargo, en la mayoría de países de la UE-15 durante el mismo periodo. En realidad, en España el crecimiento de empleo en el sector privado ha sido mucho mas rápido y elevado que en el sector público durante el periodo 2000-2008.

Una consecuencia del escaso desarrollo del empleo público es que la ciudadanía está pobremente atendida por las administraciones públicas. El número de empleados públicos por cien habitantes (6) es, de nuevo, uno de los más bajos de la UE-15, sólo superior a Portugal e Italia. Este número es 17 en Dinamarca, 13 en Finlandia y 14 en Suecia (países donde los servicios públicos y el estado del bienestar son más extensos y más desarrollados, siendo a la vez –como reconoce incluso Davos, el Vaticano del pensamiento liberal- los países con mayor competitividad y eficiencia económica.

Este déficit de empleados públicos contribuye a la percepción por parte de la población de que la administración pública es rígida (rigidez es síntoma de pobreza) y poco sensible a la necesidad de los usuarios y ciudadanos. Ello ocurre en especial en los servicios donde la población tiene mayor contacto con la administración pública, tal como los servicios público del estado del bienestar (siendo sanidad uno de los sectores más afectados por la escasez de personal). La famosa masificación de los servicios públicos se basa, en gran parte, en esta escasez de empleo público.

Otra propuesta que hacen las derechas es reducir los salarios de los empleados públicos, considerados también como excesivos. Como prueba de tal aseveración, tales portavoces del pensamiento conservador y liberal, muestran datos que confirman que, en general, los salarios de los empleados públicos son superiores, a los empleados en los sectores privados. Es interesante señalar que en los países nórdicos, todos ellos de tradición socialdemócrata, los niveles salariales del sector público son semejantes a los del sector privado, mientras que en los países del centro de Europa –en general, de tradición conservadora o liberal- los salarios de los empleados públicos son inferiores a los empleados privados (coincidiendo con el menor desarrollo de sus servicios públicos). En España y en otros países del sur de Europa, los salarios del sector privado son sustancialmente inferiores a los del sector público. Pero ello no se debe a que los últimos sean exuberantes (en realidad, son, por lo general, más bajos que en el resto de la UE-15), sino que los primeros –los salarios del sector privado- son excesivamente bajos, mucho más bajos que en el resto de la UE-15 (6 de cada 10 trabajadores son mileuristas).

Dos últimas observaciones. Las derechas están subrayando que lo que ellas llaman excesivamente abultado sector público está obstaculizando el desarrollo económico del país y muy en especial su eficiencia económica. Como he indicado anteriormente, los países considerados más eficientes en Europa son los países con mayor empleo público. Pero, lo que es más importante es que la calidad de vida de la ciudadanía es mayor en aquellos países con una elevada extensión de los servicios públicos del estado del bienestar que en los que tienen su sector público escasamente desarrollado.

La otra observación es que, en contra de lo que las derechas están diciendo, la delegación de responsabilidades públicas a las CCAA, no ha significado, en general, un “exuberante” crecimiento del sector público. La delegación de responsabilidad ha tomado lugar predominantemente en los servicios públicos del estado del bienestar (donde el empleo no ha crecido). Lo que ha ocurrido ha sido un cambio en la autoridad responsable en su gestión. El enorme déficit de los sectores públicos lo administran ahora las CCAA, en lugar del Gobierno central.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Blog de Vicenç Navarro

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Al PP se le acaban sus recursos

Artículo publicado en elplural.com. Para leerlo pinche aquí

La derecha española ha comenzado el nuevo año del mismo modo que terminó 2009, o que empezó 1981. El partido que fundó Fraga en la transición no ha cambiado nada en estos más de treinta años, y sigue utilizando la demagogia y el discurso político más burdo y absurdo como su principal caballo de batalla. Al partido de Rajoy le puede pasar, como al protagonista de Pedro y el Lobo, que tras tanto alertar sobre sucesos inexistentes o deformados pierda toda su credibilidad. Por el bien de nuestro país, espero que así sea en este 2010.

Ya nadie se acuerda, pero el PP, como el protagonista del conocido cuento, aseguraba que la familia desaparecería gracias a los matrimonios homosexuales (qué sinsentido, en todo caso existirán más tipos de familia, y en consecuencia, más familias); también nos quisieron alarmar con su famosa proclama “España se rompe” cuando se iniciaron los procesos para la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía, y aquí seguimos un año más, con el tradicional discurso del Borbón, que incluso se ha retransmitido en la televisión vasca por primera vez; quisieron aterrorizarnos cuando se trató de negociar con ETA… Así, enumerando estos disparates de Rajoy y los suyos, nos podríamos pasar todo el día, y no pretendo quemarles la sangre con esto.

El día de Reyes el PP publica en la portada de su página web una presunta noticia bajo el titular de “la foto de hoy es la foto del paro”. Lo que no entiendo bien es por qué debajo de ese texto, el PP coloca la foto de su chamán experto en economía Cristóbal Montoro. Quizás, de modo subliminal nos quieren alertar de lo desaconsejable que resultaría un señor como Montoro dirigiendo el Ministerio de Economía.

El caso es que este aspirante a ministro de economía ha declarado que “el 2009 ha sido el año más terrible en términos de retroceso económico de nuestra historia”. Seguramente, Cristóbal Montoro no está enterado de los datos económicos y repite como un muñequito lo que el ventrílocuo Rajoy le dicta al oído, porque no se puede decir alegremente que el responsable del paro es el Gobierno (en el marco de una crisis mundial) cuando precisamente son la Comunidades Autónomas gobernadas por el PP las que han registrado mayores aumentos del paro, estando las oficinas de empleo transferidas a los gobiernos autonómicos.

Murcia y Valencia (feudos del PP ya consolidados) han sido las comunidades donde más ha crecido el paro, y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con Esperancita Aguirre como presidenta, el desempleo ha subido cinco puntos por encima de la media del resto de España. Con datos así, y si fueran medianamente coherentes y responsables, no se atreverían a abrir el pico para amedrentarnos con sus discursos catastrofistas y asustaviejas. Sus 10.000.000 de votantes no se merecen que les tomen el pelo de esta forma, y el resto de los españoles, después de todo lo que en estas tierras lleva llovido, no nos merecemos una derecha como esta. Dimitan ya.

Alfonso Cortés González es profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga

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Las perspectivas de Marketing se estabilizan

Ejemplo de información de expertos como forma de comunicación de influencia política. Síndrome de la bata blanca.
Publicado en marketingeficiente.com. Para leerlo pinche aquí.

La Asociación de Marketing de España acaba de presentar la última oleada del “Indice expectativas Directores Marketing”

Según la Asociación, de los datos analizados en este período, destacan:

 

  • Una fuerte reducción de la tendencia de caída de los mercados; es decir, sigue la caída pero sensiblemente más moderada.
  • Una visión positiva de ligero aumento de ventas propias, al menos de las empresas del panel.
  • Una situación quasi plana, con apenas una ligera disminución, de la inversión publicitaria; la caída parece estar llegando a su fondo en este mercado de inversión

La presentación fue realizada por Pedro Aguilar, Vicepresidente de la Asociación de Marketing de España, y Julio Vidosa, Director de Synovate España. Este nuevo periodo supone arrancar con el tercer año consecutivo de previsiones, habiendo visto pasar el 2007, el 2008 y casi, casi el 2009, para enfrentarnos al 2010. Antes de haber procesado la información recogida no sabíamos qué “color” traería dicho 2010, color que tras finalizar el análisis de datos parece ser algo atractivo, más entonado – aunque no nos atrevemos a calificarlo con referencia a “pantone” alguno – frente al que veíamos de cara al inicio de 2009 o incluso seis meses atrás.

La comparativa de los tres índices básicos se encuentra disponible en el documento adjunto

Teniendo siempre en consideración que estamos ante unos índices “cuali-cuanti”, cuyos valores no son porcentajes ponderados por criterio alguno, y que solo son valores de semestre frente a semestre, y además referidos a los sectores de actividad que más adelante desglosamos, nos encontramos con:

  1. Una fuerte reducción de la tendencia de caída de los mercados; es decir, sigue la caída pero sensiblemente más moderada.
  2. Una visión positiva de ligero aumento de ventas propias, al menos de las empresas del panel.
  3. Una situación quasi plana, con apenas una ligera disminución, de la inversión publicitaria; la caída parece estar llegando a su fondo en este mercado de inversión

Por supuesto, la instantánea es bastante diferente según sectores de actividad. Sin entrar en el análisis pormenorizado del siguiente apartado, si adelantamos las mejoras de perspectivas de energía y de gran consumo. Incluso en cierta forma, también de automoción, con lo que este sector “arrastra” a nivel económico global del país. Frente a ellos, el sector de los medios mantiene una expectativa muy oscura para el próximo semestre, en contraposición aparente con valores nada tan negativos de la previsión publicitaria en diversos mercados. Es verdad que todo esto sucede en un terreno de volúmenes totales de ventas fuertemente golpeadas, al menos desde finales de 2007.

Sí se quiere aventurar o extrapolar desde aquí un escenario hipotético general, seria el de que el primer semestre de 2010 mostrará una fuerte reducción de la velocidad de caída de los mercados, donde los grandes actores en muchos de ellos esperan ya pasar a una situación positiva con un cierto incremento porcentual en su facturación y en bastantes casos, volviendo a niveles de inversión publicitaria coherentes con ello. Las pérdidas experimentadas en estos meses no se recuperarán evidentemente en un periodo tan corto como un semestre, pero sí parece tienden a dejar de aumentar… paulatinamente.

INDICES SEGÚN PERIODOS

Datos en el informe completo: Estudio directores marketing españa semestre 1 2010

Finalmente apuntar, adelantando lo expuesto en el último epígrafe de este informe, algunas pinceladas de las cuestiones más cualitativas. Así tenemos,

  1. Sigue existiendo un tercio aproximado de panelistas que extienden la crisis a todo el 2011 o más allá, y casi nadie confía en que acabe dentro del 1er semestre de 2010.
  2. Dicho lo anterior, solo un 16% de dichos panelistas se declara hoy mas pesimista que hace 6 meses en relación con la situación económica del país, y sí un 30% se muestra mas optimista en este mismo sentido. Es decir, la mayoría, mas de la mitad, se encuentra igual de preocupado que entonces a este respecto. Interpretación abierta al, ¿medio lleno o medio vacío?
  3. Los aspectos relativos a los recursos humanos en los departamentos de marketing no parecen ir a variar mucho en el futuro próximo. Casi la mitad, un 47%, dice mantener sus planes de incorporaciones como hace seis meses, aunque también sea a costa de “congelar salarios”, lo que en situaciones regresivas tiene todo su sentido.
  4. Como novedad, en esta edición, preguntábamos por la adecuación de medidas de política económica en los momentos actuales. Existen dos elementos claramente destacados por los dirigentes de marketing: la no realización de la anunciada subida del IVA y la reducción del gasto publico, sobre todo de las administraciones autonómicas.
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