Parece que el sistema de pensiones necesita una reforma. Sobre todo si atendemos a esta simple explicación matemática: a la misma recaudación por cotizaciones, se le resta que cada vez los jóvenes empiezan a trabajar más tarde y que la esperanza de vida es cada vez más alta. En este sentido, a largo plazo, es obvio que las cuentas no salen.
Ahora bien, este es un tema que no debemos tomar a la ligera, ni debemos dar un cheque en blanco a ninguna propuesta a priori, ya que es un asunto muy serio, digamos claramente que de Estado, ya que va a la médula del llamado Estado del Bienestar, y de sus derechos sociales conseguidos con durísimos esfuerzos a lo largo de nuestra historia. En consecuencia, debe ser éste, un debate al que debemos dedicarle mucho tiempo y reflexión, para no darle una salida apresurada y por ende irresponsable. Podemos estar, si es necesario, un par de años debatiéndolo.
Para que el sistema de pensiones sea sostenible, el catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri explicó que se pueden tomar tres caminos: “Aumentar los ingresos del sistema, reducir sus gastos u optar por una combinación de ambas”. La propuesta del Gobierno está orientada a reducir los gastos, pero eso no quita que en este necesario debate, atendamos también a otras posibilidades, como por ejemplo proponer un nuevo impuesto, además de las actuales cotizaciones, para mantener las jubilaciones como hasta ahora. Es sólo otra idea más sobre la mesa.
En este sentido debemos pedirle al Gobierno que estudie todas las opciones y nos presente, sin paños calientes, los datos obtenidos y sus conclusiones para poder tomar en consideración la propuesta más adecuada, y que nos deje a la sociedad civil, tener capacidad de decisión en este crucial asunto: las cuentas de nuestra vejez.
Puede resultar controvertido, pero no estoy totalmente en contra de esta propuesta, con la condición de que antes el Gobierno se comprometa, en primer lugar, a mantener el sistema público de pensiones al 100%, a sondear y explicar también otras alternativas y finalmente a solucionar definitivamente el problema básico de las cuentas de nuestro país, que es el fraude fiscal, al que ningún Gobierno se ha atrevido meterle mano de verdad.
Sólo apoyaría, por tanto, perder el derecho a jubilarme a los 65, si antes se hacen esfuerzos reales para acabar con la economía sumergida, si se logra que las empresas no evadan impuestos ni operen a través de paraísos fiscales, y si se controlan las concesiones de pensiones derivadas de triquiñuelas de algunos listos (como empresarios que las fuerzan y personas que las buscan con falsas enfermedades), y si aún así la jubilación digna sigue en entredicho.
Es necesario señalar que son estas acciones fraudulentas las que merman sobremanera las cuentas públicas y las que ponen realmente en riesgo las pensiones. Si no tenemos estas cosas claras, acabaremos pagando el pato los mismos de siempre, renunciando a nuestros derechos adquiridos. Y esto no es justo, al menos desde la perspectiva de la izquierda
Considero que este tema no se está tomando con la tranquilidad y el rigor suficiente por un error, en principio, de comunicación del Gobierno, que no ha hablado con claridad ni ha explicado en profundidad la situación antes de lanzar a la opinión pública, de sopetón y en mal momento, esta intención reformadora.
Debe tener Zapatero, (el mismo que ayer en el desayuno con Obama seleccionó de la Biblia la frase de «no explotes al jornalero, su vida depende de su jornal”) más cuidado con la gestión de su comunicación y con su afición a lanzar indiscriminadamente globos sonda (ahora aumento el cómputo de las pensiones de 15 a 25 años, y luego lo vuelvo a disminuir a 15) con la intención de contentar a todo el mundo (nunca llueve a gusto de todos, hay que aceptarlo) ya que esto puede dilapidar el crédito político del proyecto socialista, en un momento en que algunos actores empresariales (vinculados históricamente a la derecha) están lampando por hacerse con el suculento plato de la gestión de nuestras pensiones. Y esto sí que supone un peligro para el jornal y las pensiones futuras de quienes realmente trabajan en este país.
Alfonso Cortés González es profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga
