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El PP es un problema de España

http://www.koinovacance.org/blog/?m=200803

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Artículo publicado en elplural.com
Enlace: http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=43535

Ayer por la mañana, Elena Valenciano, la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, tuvo un pequeño desliz en el debate que mantuvo con Esteban González Pons, en la SER, cuando dijo que “el PP es el problema de España”. Pons quiso aprovechar, de forma victimista, este lapsus linguae, pero Valenciano rápidamente corrigió y prosiguió el debate en torno a la crisis económica, y la anécdota quedó en nada. Por supuesto que es exagerado afirmar que el PP es el problema de España, pero no es nada descabellado sustituir el artículo determinado por uno indeterminado, para sostener que el PP es un problema de España. Entre otros, más o menos graves, pero problema al fin y al cabo.

El PP es un problema porque extralimita su misión de partido opositor, para adentrarse en el trabajo de un partido boicoteador, que se niega a arrimar el hombro contra esta crisis, de la que parece estar aliado. Todo esto lo hace para poder ganar las elecciones, perjudicando a miles de españoles que están sufriendo esta situación. Ellos saben que cuanto peor vayan las cosas en nuestro país, mejor para sus estimaciones de voto, porque cada vez está más claro que Rajoy no es alternativa a nada, salvo a la desesperación más extrema.

El PP es un problema porque es capaz de mancillar y perjudicar la imagen de España en el extranjero, lo que trae consigo el miedo de los inversores y de los capitales, sabiendo que no hay nada más cobarde que el dinero.

El PP es un problema porque no contribuye a la cohesión territorial de nuestro país, fomentando notables desigualdades entre comunidades autónomas, cuando torpedean la ley de dependencia, y cuando se niegan a la distribución de ordenadores entre escolares, por poner dos ejemplos.

El PP es un problema porque en lugar de luchar contra su corrupción, hace como ciertas confesiones religiosas: premia, encubre y apoya a sus corruptos.

Es asombroso e incluso cómico, cuando no paranoide, que el Partido Popular (el de la conspiración del 11-M) hable de teoría de la conspiración cuando sencillamente describimos su actitud miserable contra los intereses de los españoles. De conspiración contra los de Rajoy nada hay, simplemente tenemos que repasar los discursos y las acciones públicas y notorias del PP, para comprobar cómo son.

También es cierto que por ser como es este PP, hace que el PSOE tenga un problema al sentirse cómodo con la situación descrita, ya que es beneficioso para los socialistas esta actitud pepera a la hora de movilizar el voto útil contra la derecha cavernaria, y se crea por tanto, este círculo vicioso en el que parece que estamos atrapados. En medio este berenjenal, el PP pide elecciones anticipadas, ya que corren el riesgo de que más adelante vayan las cosas mejor (que seguramente irán), y la ilusión transitoria de Rajoy de habitar La Moncloa se disipe para siempre. La irresponsabilidad del PP es otro problema de España.

En conclusión, aunque no sea el único, y quizás tampoco el más grave, es evidente que el PP es un problema de España que da muchos problemas.

Alfonso Cortés González es profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga

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La mafia del lobby farmacéutico

imagen tomada dehttp://hebdomario.typepad.com/

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Publicado en elplural.com
Enlace:
http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=43280

Soy consciente de que, en términos profesionales y académicos, la palabra lobby se refiere a un tercero que diseña la estrategia de un grupo de presión para influir en los decisores políticos. Sin embargo, este es el término con el que la mayor parte de las personas estás familiarizadas para referirse a estos grupos interesados en influir en la legislación y en la toma de decisiones. Es por eso, la forma de titular este artículo.

Puede parecer, a priori, que este tema está desfasado y que no conviene publicarlo porque no forma parte de la rabiosa actualidad, y por tanto de la agenda de esta semana. Nada más lejos de la realidad, ya que es precisamente ahora, cuando los gobiernos europeos están tratando de colocar, a precio de saldo, los millones de vacunas contra la gripe A que nos han sobrado, a los países no desarrollados.

El uso del miedo es uno de los recursos más antiguos y efectivos en la comunicación de masas, que no ha dejado de utilizarse para cualquier fin, en las campañas para hacer de las personas marionetas que bailen al son de los intereses de los poderes fácticos. Sobre este tema, recomiendo un libro muy interesante del sociólogo Enrique Gil Calvo titulado El miedo es el mensaje.

Pues bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva años empleando esta técnica persuasiva para salir beneficiada, exprimiendo del temor de las personas beneficios multimillonarios. Si nos fijamos, ese trabajo tradicionalmente ha sido el de la mafia, que sembrando el temor, conseguía, por ejemplo, que un comerciante le encomendase la protección de su negocio al mismo grupo del que estaba aterrorizado.

Quienes estamos familiarizados con las estrategias de comunicación, afortunadamente no sucumbimos, esta vez, ante esta campaña del miedo. Yo mismo recomendé a familiares y amigos no hacer ni caso a esto de la gripe A, y ni siquiera me vacuné siendo asmático, incluso cuando me lo recomendó mi médico. Además, pude comprobar como en mi entorno había personas aterrorizadas con que ese virus letal les alcanzase, y claro, cuando alguien se muere de miedo no racionaliza, y es mucho más fácil de manipular su conducta. Había quienes pensaban que incluso el Gobierno de España estaba haciendo demasiado poco.

Éste es el quid de la cuestión. Las técnicas modernas de presión (lobby), ya no tratan (sólo) de influir en los líderes políticos, sino (fundamentalmente) en la opinión pública, porque es más fácil convencer o atemorizar al conjunto de la opinión pública (que al ser un grupo tan grande y heterogéneo, no es experta en nada en concreto) que al gabinete de un político que dispone de asesores expertos en distintas áreas. Tema de otro debate sería la predisposición de algunos políticos a trabajar por los intereses de estos grupos, pero yendo al hilo de este artículo, y como estamos en países en los que afortunadamente la gente pone y quita gobiernos, los grupos de presión se han dado cuenta de que convenciendo a la población, ésta presionará y exigirá a sus propios gobiernos que tomen medidas. Similar a la estrategia que siguen las campañas publicitarias dirigida a los niños.

Por ello, España compró 37 millones de vacunas, y Francia, peor aún, casi 100 millones (ración doble, siguiendo la recomendación de la OMS de dos vacunas por persona). Una vez que se ha comprobado que el miedo era infundado e interesado, hay que revender en las rebajas este botiquín inservible.

Lo que deberíamos hacer es pedir responsabilidades y aplicar la ley. No es justo que se quiera colocar estas vacunas a países más pobres, cuando las farmacéuticas se han embolsado entre 5.000 y 7.000 millones de euros. Y sólo con la gripe A, sin tener en cuenta la porcina.

Por tanto, siguiendo la misma lógica de estas campañas de presión, deberíamos exigir a nuestros gobiernos que lleven a los juzgados a la OMS para saber si nos han estafado deliberadamente o no. En cualquier caso, y aunque la OMS no hubiese actuado de mala fe, debería devolvernos el dinero, como hacen los grandes almacenes, puesto que la mercancía no nos satisface. Porque si juegan a organización comercial, deben responder como tal. Si los gurús de la OMS no quieren que le pidamos este tipo de responsabilidades, que no se metan en negocios. La dialéctica de mercado es así.

Alfonso Cortés González es profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga

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La reforma de las pensiones

Artículo publicado en elplural.com: http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=43032

Parece que el sistema de pensiones necesita una reforma. Sobre todo si atendemos a esta simple explicación matemática: a la misma recaudación por cotizaciones, se le resta que cada vez los jóvenes empiezan a trabajar más tarde y que la esperanza de vida es cada vez más alta. En este sentido, a largo plazo, es obvio que las cuentas no salen.

Ahora bien, este es un tema que no debemos tomar a la ligera, ni debemos dar un cheque en blanco a ninguna propuesta a priori, ya que es un asunto muy serio, digamos claramente que de Estado, ya que va a la médula del llamado Estado del Bienestar, y de sus derechos sociales conseguidos con durísimos esfuerzos a lo largo de nuestra historia. En consecuencia, debe ser éste, un debate al que debemos dedicarle mucho tiempo y reflexión, para no darle una salida apresurada y por ende irresponsable. Podemos estar, si es necesario, un par de años debatiéndolo.

Para que el sistema de pensiones sea sostenible, el catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri explicó que se pueden tomar tres caminos: “Aumentar los ingresos del sistema, reducir sus gastos u optar por una combinación de ambas”. La propuesta del Gobierno está orientada a reducir los gastos, pero eso no quita que en este necesario debate, atendamos también a otras posibilidades, como por ejemplo proponer un nuevo impuesto, además de las actuales cotizaciones, para mantener las jubilaciones como hasta ahora. Es sólo otra idea más sobre la mesa.

En este sentido debemos pedirle al Gobierno que estudie todas las opciones y nos presente, sin paños calientes, los datos obtenidos y sus conclusiones para poder tomar en consideración la propuesta más adecuada, y que nos deje a la sociedad civil, tener capacidad de decisión en este crucial asunto: las cuentas de nuestra vejez.

Puede resultar controvertido, pero no estoy totalmente en contra de esta propuesta, con la condición de que antes el Gobierno se comprometa, en primer lugar, a mantener el sistema público de pensiones al 100%, a sondear y explicar también otras alternativas y finalmente a solucionar definitivamente el problema básico de las cuentas de nuestro país, que es el fraude fiscal, al que ningún Gobierno se ha atrevido meterle mano de verdad.

Sólo apoyaría, por tanto, perder el derecho a jubilarme a los 65, si antes se hacen esfuerzos reales para acabar con la economía sumergida, si se logra que las empresas no evadan impuestos ni operen a través de paraísos fiscales, y si se controlan las concesiones de pensiones derivadas de triquiñuelas de algunos listos (como empresarios que las fuerzan y personas que las buscan con falsas enfermedades), y si aún así la jubilación digna sigue en entredicho.

Es necesario señalar que son estas acciones fraudulentas las que merman sobremanera las cuentas públicas y las que ponen realmente en riesgo las pensiones. Si no tenemos estas cosas claras, acabaremos pagando el pato los mismos de siempre, renunciando a nuestros derechos adquiridos. Y esto no es justo, al menos desde la perspectiva de la izquierda

Considero que este tema no se está tomando con la tranquilidad y el rigor suficiente por un error, en principio, de comunicación del Gobierno, que no ha hablado con claridad ni ha explicado en profundidad la situación antes de lanzar a la opinión pública, de sopetón y en mal momento, esta intención reformadora.

Debe tener Zapatero, (el mismo que ayer en el desayuno con Obama seleccionó de la Biblia la frase de «no explotes al jornalero, su vida depende de su jornal”) más cuidado con la gestión de su comunicación y con su afición a lanzar indiscriminadamente globos sonda (ahora aumento el cómputo de las pensiones de 15 a 25 años, y luego lo vuelvo a disminuir a 15) con la intención de contentar a todo el mundo (nunca llueve a gusto de todos, hay que aceptarlo) ya que esto puede dilapidar el crédito político del proyecto socialista, en un momento en que algunos actores empresariales (vinculados históricamente a la derecha) están lampando por hacerse con el suculento plato de la gestión de nuestras pensiones. Y esto sí que supone un peligro para el jornal y las pensiones futuras de quienes realmente trabajan en este país.

Alfonso Cortés González es profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga

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La cadena perpetua

Artículo publicado en elplural.com, para leerlo pinche el siguiente enlace:
http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=42711

Pensarán muchos de los lectores que este artículo es una feroz argumentación en rechazo a la cadena perpetua. Y aunque mi opinión al respecto es, efectivamente, de una rotunda oposición a este tipo de castigos, voy a entrar al trapo del PP y vamos a debatir muy breve y tranquilamente sobre la cadena perpetua en España.

Antes de nada, los chicos y chicas del PP no deben saber (igual lo saben, y cabe pues la posibilidad de que sean así de marrulleros) que para implantar la cadena perpetua en nuestra legislación es necesario cambiar la Constitución. En este sentido, les pido a los de Rajoy que no nos tomen el pelo, y que empiecen por tanto a plantear de qué forma y en qué puntos debemos cambiar la Carta Magna. Es decir, deben estar dispuestos a abrir este melón.

La reforma constitucional se puede realizar por dos procedimientos: el ordinario y el agravado. El primero de ellos, está previsto para reformas parciales, y el procedimiento agravado, por su parte, está pensado para reformas totales o bien para reformas parciales en las que se cuestione los Derechos Fundamentales o bien el asunto de la Corona. En ninguno de los dos casos, se puede iniciar la reforma en medio de reacciones emocionales que puedan alterar las decisiones. En este sentido, el tema Rafita (el asesino de Sandra), les impediría emprender el proceso por ser una coyuntura en la que la sociedad está impactada y sensibilizada por sucesos de crónica negra.

Supongo que el PP optaría por la reforma ordinaria y en un período de sosiego emocional, ya que no le interesaría debatir sobre otros aspectos y centrar el debate a ese único punto: explicitar que quieren que las condenas en España estén orientadas al castigo, en lugar de a la reinserción. Pero claro, para hacer esto se necesitan, resumiendo, tres quintos de votos favorables en la Comisión Mixta (Congreso y Senado). Y claro, el PP ni con mayoría absoluta puede tener 3/5 de los diputados. En consecuencia, que no nos cuenten rollos, porque ni aún ganando las elecciones con mayoría absoluta, podrían reformar en este sentido la Constitución. La única manera que tienen para que se pudiese iniciar esta reforma constitucional, sería promoviendo un referéndum, tras el apoyo de 35 diputados y 25 senadores. Así que tengan la honestidad y el valor suficiente para iniciar este camino, si realmente creen en ello, y juéguense, por tanto, su crédito político en esta aventura.

Pero apostaría a que no tienen el coraje de hacerlo. Está claro que el partido de Rajoy simplemente habla del posible debate de la cadena perpetua para ganarse demagógicamente las voluntades de personas que desconocen el sistema político e institucional. Eso es un uso perverso de la comunicación política, sobre todo por parte de un partido con posibilidades de gobernar, que lo que tendría que hacer, por el contrario, es pedagogía social y elevar el conocimiento sobre los asuntos públicos de los ciudadanos. La verdad que es una pena, pero está visto que en nuestro país lo que tenemos de perpetua, es la perpetua derecha. Desde tiempos inmemoriales.

Alfonso Cortés González, Profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga

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Las cuentas del Rey y las cuentas al Rey

Artículo publicado en elplural.com. Para leerlo pinche en siguiente enlace:
http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=42511

Esta semana el PCE ha iniciado una campaña con la que quieren conseguir que sepamos qué es lo que el rey Juan Carlos hace con el dinero que se asigna a la Casa Real. En realidad es un síntoma positivo que, en nuestra agenda de discusión política, se hable también de la institución monárquica con cierta naturalidad. Hasta hace poco tiempo la figura del Rey venía siendo intocable, lo que evidenciaba, por cierto, un claro vestigio de la herencia política del régimen anterior.

En un Estado de Derecho, todos sus ciudadanos deben ser iguales ante la Ley, y merecen de la misma un trato idéntico. Hay quien pueda decir, y con razón, que esta iniciativa atenta contra un derecho personal, en este caso del Jefe del Estado, a hacer con su dinero lo que le venga en gana, como haría cualquier otro ciudadano. Lo que pasa es que nuestro Jefe de Estado es diferente a los demás: lo es por la Gracia de Dios (según las propias fórmulas de legitimación de las monarquías), y lo es también por Ley (ya que venía en el paquete constitucional).

Un rey en ejercicio es rey hasta su muerte. El resto de los españoles somos lo que somos circunstancialmente, es decir, hasta que no llegue alguien que lo haga mejor, hasta que no nos afecte un ERE, tan tristemente famoso en estos tiempos, o hasta que lo decida un jefe. Además, el hijo del rey, nace rey y será rey algún día. Nuestros hijos tendrán que pelear muy duro para poder conseguir un puesto de trabajo que con mucho esfuerzo les ayude a salir adelante. Así podríamos dar cientos de ejemplos, pero que por simplificar no vamos a exponer. En conclusión, al no ser el rey y el resto de los ciudadanos iguales ante la ley, no merecen por tanto el mismo abanico de derechos y deberes, y por consiguiente, ya que un rey tiene muchísimos más privilegios que cualquiera, es lógico que se le exija también más que a cualquiera.

Desde la perspectiva de la filosofía política, Democracia y Monarquía son dos conceptos opuestos, que no pueden estar unidos sin contradicciones, ya que la democracia apuesta por la igualdad de todos ante la ley, sin distinción de ningún tipo, e implica, asimismo, que todos los cargos políticos sean elegidos por los ciudadanos. Por tanto, hablar de monarquía parlamentaria como sinónimo de democracia no es más que un artificio político, que aunque haya funcionado, podríamos decir que bastante bien en muchos países, no deja de ser eso, un artificio. Y por ello, y aunque no sea justo fiscalizar las cuentas de Juan Carlos de Borbón, más detenidamente que al resto de los españoles, secundo esta propuesta excepcional, apoyada sobre la propia excepcionalidad de la figura de un monarca en la Europa del siglo XXI.

Dejando a un lado este debate de filosofía política, y discutiendo ya a nivel pragmático, si un rey en un país que se dice democrático, no es capaz de ser mejor que los demás, no es capaz de someterse a mayor control que los demás (por que tiene poderes a los que nadie podríamos acceder), no se merece ser rey de dicho país. En este sentido, la Casa Real, supongo que, se estará andando con cuidado para tratar de mantenerse útil y seguir teniendo sentido. Juan Carlos ya ganó (justamente o no), para el tribunal de los españoles, sus oposiciones a Rey el 23-F de 1981. Felipe aún estar por ganar estas oposiciones sin temario ni control a la más alta magistratura del Estado.

Alfonso Cortés González, profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga

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No somos tontos, Esperanza

Artículo publicado en elplural.com. Para leerlo pinche en el siguiente enlace:
http://www.elplural.com/opinion/detail.php?id=42259

No es la primera vez que se lanzan mensajes a la ciudadanía de lo mal que funcionan los servicios públicos, por el hecho de ser públicos, y que si estuviesen en manos privadas funcionarían mejor. Estos discursos falsos suelen venir acompañados de una gestión política que trata de desprestigiar y perjudicar los propios servicios que gestiona. Es un truco muy viejo, que en esta ocasión nos viene de nuevo de la mano de Esperanza Aguirre. La intención es clara: privatizar la gestión de la Ley de Dependencia.

Como informó ayer este diario, la Comunidad de Madrid está a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia. Su presidenta, achaca esta deficiencia a la falta de funcionarios, y al mismo tiempo tiene la desfachatez de afirmar que si se privatiza la gestión del servicio, se solventarían los retrasos. Habría que apuntarle al oído que en Andalucía o en el País Vasco, la Ley se está aplicando satisfactoriamente y no está privatizada. ¿Tiene también Esperanza Aguirre algún familiar o amigo interesado en gestionar estos asuntos? No es una pregunta baladí, teniendo en cuenta sus amistades  gürtelianas  y  tamallazas.

Es oportuno, en este sentido, poner las cosas claras y que la ciudadanía elija, sin contaminación de intereses, qué modelos de gestión le convence más. Cuando un servicio público lo gestiona el Estado (en cualquiera de sus formas, nacional, autonómica o local) no pretende ganar dinero, simplemente prestar el servicio originado de un derecho reconocido y legislado. Sin embargo, cuando este servicio, derivado, no nos olvidemos, de un derecho reconocido oficialmente, lo gestiona una empresa privada, además de prestarlo, quiere necesariamente obtener beneficios por ello. Y todo el mundo lo comprende.

Por tanto, es obvio que si el ejercicio de un derecho (a fin de cuentas recibir el apoyo de la Ley de Dependencia es un derecho) pasa por manos privadas, nos costará más caro que si lo gestiona directamente el Estado, ya que a los gastos fijos habrá que sumarle los beneficios. Otra cosa distinta es que se necesiten diez personas en una administración concreta para hacer el trabajo de cuatro, pero si este fuese el caso de los funcionarios madrileños, eso es responsabilidad directa de Aguirre, que lo que debería hacer es propiciar la productividad y buen funcionamiento del sector público. A no ser que no le interese a la lideresa las condiciones de vida de los madrileños.

Insisto en que desde las Instituciones Públicas no se debe (vemos que poder si se puede) bajo ningún concepto debilitar o perjudicar lo público. Por ello, tenemos que exigir, a todos nuestros representantes políticos, que mejoren las condiciones y prestaciones sociales, que para eso les hemos votado (a no ser que seamos millonarios insensibles que votamos a mala leche), en lugar de aplaudir como ignorantes cuando quieren repartirse el pastel del presupuesto público entre sus amigotes. Esta estrategia, empleada hasta la saciedad por el PP, se confecciona continuamente bajo la excusa de una mejora privatizadora. Si tenemos esto claro, seguro que nos irá mucho mejor.

Alfonso Cortés González, profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga.

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Díaz Ferrán, la deslegitimación de la CEOE y el ridículo del PP

Artículo publicado en elplural.com. Para leerlo pinche aquí.

Este semana nos hemos enterado por los medios de comunicación de que Air Comet, empresa de la que es propietario Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, ha echado el cierre. Esta situación va a mandar a la cola del paro a más de 600 trabajadores y trabajadoras, que llevaban incluso hasta 6 meses sin cobrar. Parece ser que el señor Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, acumulan una deuda de unos 100 millones de euros. Esta carta de presentación es la que sorprendentemente sigue detentando la patronal al insistir en que el presidente de Air Comet es su mejor representante.

El pasado martes, el diario económico Cinco Días tituló la noticia como «ni héroe en su empresa, ni villano en la CEOE» en clara alusión a Díaz Ferrán. Este titular me ha arrancado una prudente y amarga sonrisa, porque este señor sí que es un villano en su empresa, por mandar a cientos de familias al abismo, y un héroe en la CEOE, ya que es un acto heroico seguir siendo su presidente después de todo lo que lleva recorrido hasta el momento este empresario.

Es notoria y pública la admiración que siente el, todavía, presidente de la CEOE por líderes políticos como Esperanza Aguirre, a la que calificó como cojonuda, cuando esta proponía una serie de recetas contra la crisis, que eran y son las mismas que las que propone la patronal. Por ello, el PP ha pasado a convertirse en el brazo político de la CEOE, lo que quedaba puesto de manifiesto recientemente, cuando en una entrevista concedida a El País, el 1 de noviembre, Díaz Ferrán alardeó de que «el PP ha asumido nuestras recetas».

Debe ser vergonzoso para un partido político, asumir las recetas económicas de quién arruina hasta sus propias empresas. Aunque no sabemos si ciertos dirigentes (y lideresas) del PP tienen a estas alturas sentido del ridículo. En este capítulo de esta historia creo que es necesario recordar las propuestas contra la crisis que han puesto sobre la mesa la alianza PP-CEOE, para detectar que realmente todas se orientan al beneficio de la gran empresa (representada por la CEOE), y en detrimento del trabajador y de la calidad de vida de una sociedad.

Reclaman, en primer lugar, el abaratamiento de los costes laborales, para ahorrarse pagar parte de la Seguridad Social que les corresponde, y poder despedir más barato (le hubiese venido muy bien a Díaz Ferrán en estos días). Quieren una reducción significativa de los impuestos, para así ganar ellos más dinero aún, y debilitar las clases media y trabajadora, ya que son los impuestos los que distribuyen las rentas y por tanto los que amortiguan las desigualdades sociales. También aspiran a debilitar a los sindicatos, en sus palabras, flexibilizar las relaciones laborales, para que las relaciones entre trabajador y empresa se hagan al margen de la negociación colectiva, y claro ¿qué fuerza puede tener un trabajador frente a una gran empresa si no es uniéndose a otros trabajadores? Y además, y por si fuera poco, reclaman mayor facilidad para la movilidad de los capitales, para así llevar su dinero a paraísos fiscales e invertirlo en países con mano de obra muy barata. Eso sí, para que la movilidad internacional de capitales sea beneficiosa para ellos, las fronteras para las personas deben hacerse cada vez más infranqueables.

En conclusión, la CEOE, mientras Díaz Ferrán esté al frente, está deslegitimada para dar recetas de ningún tipo ante la crisis, y al mismo tiempo, el PP sigue haciendo el mayor de los ridículos en el entorno político europeo haciendo de palmero de este señor.

Alfonso Cortés González es profesor de Comunicación Política en la Universidad de Málaga

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La invisibilidad de la izquierda

Artículo de Beatriz Gimeno, publicado en elplural.com. Para leerlo pinche aquí.

Decía Jaques Delors en una entrevista publicada el domingo que la izquierda ya no es ni siquiera dueña de su propio vocabulario. En un artículo publicado en este mismo medio Vicenç Navarro hablaba también de cómo los medios de comunicación permiten sin problemas la expresión de argumentos claramente de derechas o muy de derechas, mientras que no dan entrada a argumentos claramente de izquierdas, sino únicamente a aquellos más «moderados» o de centro.De manera que sí, que a las personas de izquierdas nos van robando el vocabulario y la posibilidad de expresar ideas claramente de izquierdas, y la población en general termina por creer que existe la derecha, incluso la extrema derecha, -que no se cortan un pelo-, y que por el otro lado, está el centro. La idea que se extiende es que que mantener posiciones de netamente izquierdistas es algo extremo, raro, marginal…ya que dichas ideas ni aparecen con nitidez en los medios, ni las expresan los políticos (desde luego no los que gobiernan, nunca) Se va educando en la sensación de que ser de izquierdas es algo vergonzoso o clandestino, algo propio quizá de jóvenes alocados, pero no de personas maduras y normales.

La consigna es la siguiente: uno puede ser claramente de derechas y estar a favor de los crucifijos, en contra del aborto, del matrimonio gay, en contra de lo público o en contra de una política impositiva progresiva y no pasa nada; una postura semejante puede ser perfectamente defendida en público. Pero si uno/a es de izquierdas y está por quitar los crucifijos del espacio público, a favor del aborto como derecho (derecho, Señor Bono, derecho), a favor de que los impuestos cobren más a los ricos, mucho más, a favor de lo público frente a lo privado… parece que no puede decirlo con claridad si quiere tener acceso a los medios.

He aquí un ejemplo que me hizo pensar mucho. Cuando hace un par de semanas se celebraron elecciones en Uruguay y estas fueron ganadas ampliamente por el exguerrillero Jose Mugica, en el telediario de las nueve de la noche, en Televisión Española, el locutor dio paso a la enviada en Montevideo con la siguiente afirmación (literal): «Existe el temor que de que Jose Mugica sea más de izquierdas que su antecesor ¿no?» a lo que la enviada respondió: «Existía ese temor, pero no parece fundado ya que Mugica ha moderado su lenguaje en esta segunda vuelta». Yo, que lo estaba escuchando tuve que preguntarme: ¿quien teme que Mugica sea de izquierdas? No serán los electores, que le han votado masivamente aun cuando, efectivamente, parece más de izquierdas que su antecesor. ¿No será entonces que los electores son mayoritariamente de izquierdas y es justamente eso lo que quieren de su gobierno? Finalmente por mucho que los medios o los comentaristas en general no quieran entenderlo, no quieran asumirlo, puede que lo que ocurre sea algo tan simple como que los votantes, a veces, quieren que gobierne la izquierda, una izquierda que parezca de izquierdas, en su lenguaje y en sus actuaciones: en Uruguay, en Bolivia o en Venezuela. Y que el problema es cuando la izquierda parece que desaparece y sus votantes quedan huérfanos, como en Italia.

Aquí, sin ir más lejos, pasa lo mismo. Votamos al PSOE para que gobernara la izquierda. Cuando el PSOE llevó adelante cambios sociales importantes y de izquierdas, ganó las siguientes elecciones. En la segunda legislatura, en cambio, echaron el freno, llegó la moderación, el miedo, el «no vaya a parecer que somos muy de izquierdas». Así que reforma fiscal más o menos de derechas, el aborto ya no es un derecho de las mujeres (la palabra «derecho» desaparece de cualquier argumentación), quitar los crucifijos de los espacios públicos ya no está en la agenda, y apatía o directamente temor en la defensa de lo público, que no asume nadie frente a las privatizaciones de la derecha. ¿A quién teme asustar Zapatero? ¿Por qué dan por hecho que no somos mayoría los votantes que le pedimos que sea y que parezca de izquierdas? Los votantes de izquierdas le llevamos a la Moncloa, pero una vez allí parece que se trata de no asustar a la derecha. Lo cierto es que el PSOE hace tiempo que empezó a perder las elecciones y que las perderá posiblemente. Las comenzó a perder el mismo día en que tuvo miedo de asustar a la derecha e incluso a la extrema derecha en lo que hace a sus relaciones con la iglesia. Pero los que le votamos en su día y los que ahora estamos asustados somos las personas de izquierdas que, a pesar de la invisibilidad a la que se nos somete, existimos.
Beatriz Gimeno es escritora y ex presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales

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La actitud miserable del PP con Cataluña

Artículo publicado en elplural.com · Para leerlo pinche aquí.

Reconozco que el título de este artículo puede pecar de amarillismo. Sin embargo, si atendemos al comportamiento real del partido de Rajoy, puede que incluso se quede corto, porque en política se pueden entender muchas estrategias, pero lo que nunca se debe aceptar es perder la coherencia con un proyecto propio, o no tener más proyecto que la destrucción del adversario. 

Es incoherente, cuando no mezquino, recurrir ante el Tribunal Constitucional el Estatut de Catalunya, mientras se acepta y se ha defendido el andaluz, por ejemplo, que contiene muchos artículos semejantes política y jurídicamente al catalán. Además, por un lado Cospedal presiona para una sentencia rápida, mientras por otro, impide la renovación de magistrados que están desde hace demasiado tiempo desempeñando su puesto en funciones. Por ello se apela a la “miserabilidad” del PP en el título.

Este Partido Popular nos tiene muy habituados ya a estas contradicciones, a estos digo blanco en Madrid, negro en Sevilla y azul en Barcelona. Sin embargo, esta postura ante el Estatut no responde sólo a la naturaleza trilera de este partido conservador (por decir algo) y polimórfico, sino a una acusada catalanofobia, de la mayor parte del PP, de raíces hundidas en el rancio nacionalismo español cuyo error histórico fundamental es afirmar España sobre la negación de las distintas identidades y culturas peninsulares.

Desde una postura aséptica institucional, no es conveniente a estas alturas presionar al Constitucional o intentar atajos jurídicos para sacar adelante este estatuto de autonomía, y me refiero a que no creo que sea del todo decoroso que se trate de influir a los magistrados en su decisión desde los distintos partidos políticos.

No obstante y a pesar de ello, sería conveniente explicarle al PP que en caso de que el Estatut sea considerado no-constitucional, habría que reformar la Constitución para que pueda serlo. Esto es porque realmente los estados-nación no son realidades estáticas ni estancadas en estructuras tradicionales (aunque basen en ello gran parte de su justificación histórica), sino que todos los estados, para su propia supervivencia en el tiempo, deben evolucionar y transformarse junto a la sociedad y sus demandas. Cuando un Estado no evoluciona, es el primer síntoma de su declive. Por tanto, si el Estatut no cupiese en la Constitución, habría que hacer esta más grande.

Alfonso Cortés González, profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga

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Herejías y Crucifijos

artículo publicado en el plural.com. Para leerlo pinche aquí.

Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, acaba de amenazar a sus propios fieles a ser considerados herejes en caso de que no desaprueben el aborto. Hay que mencionarle al señor Martínez Camino que actualmente el aborto legal existe en España, y que por tanto, debería aclarar los términos de su chantaje, porque si la amenaza es contra el apoyo a cualquier forma de aborto, este avispado monseñor ha puesto a su propia organización en riesgo de perder millares de sus socios y de abandonar el privilegio de ser la primera organización religiosa en nuestro país.
Un gran error y problema al mismo tiempo de la Iglesia Católica es la percepción distorsionada que tiene de sí misma. Es un trastorno psicopático creerse que uno puede realmente volar o que tiene fuerza suficiente para atravesar el acero u otros superpoderes de los que no se disponen. Esto mismo, pero en otros términos, es lo que le ocurre a la Conferencia Episcopal, que estima el poder de influencia católico en España muchísimo, pero muchísimo mayor de lo que realmente es, por más que gran parte de la sociedad española se declare católica.

Pero ojo, la gran mayoría de las personas que se declaran católicas apostillan que no son practicantes. Y me pregunto: ¿un Católico que no práctica los ritos católicos no es en realidad un protestante? Porque claro, no es lo mismo ser católico que ser cristiano, y no es lo mismo ser católico por devoción que serlo por folklore. Esta mezcla del sentimiento folklórico con el religioso en España respecto al imaginario católico, lo aprovecha la Iglesia para creerse más influyente de lo que es. En este sentido, quieren obligar, en un país aconfesional, a que los crucifijos presidan edificios públicos cuando el Estado no les obliga a tener, por ejemplo, un ejemplar de la Constitución en los Sagrarios. Alegan que el crucifijo es un símbolo no ya religioso, sino de la civilización. Eso lo dicen ellos porque demuestran de una vez tanto un error brutal de autoconcepto como un desconocimiento profundo y sesgado de la historia, ya que Aristóteles, Platón, Kant, Descartes, Smith o Marx (entre otros muchos) sí que son referentes culturales comunes en toda la denominada civilización occidental, creencias religiosas y fronteras nacionales aparte.

Para más señas del poder real de estos señores, los templos católicos están cada vez más vacíos, y los jóvenes cada vez pasan más de la Iglesia Católica. Un ejemplo de esta pérdida de penetración social se ve muy claramente en el número decreciente de seminaristas y monjas españoles y en el crecimiento demográfico de municipios que han sido víctimas de la especulación urbanística, como por ejemplo Marbella. En esta localidad costasoleña, existen las mismas parroquias que en los años 70, habiéndose multiplicado su población por 6, y encima estas mismas parroquias no llegan ni a la mitad de su aforo. La muestra habla por sí misma.

Esta amenaza de los obispos católicos se puede explicar de varias formas: la primera es una explicación inocente, interpretando que se han vuelto ortodoxos, y que en un acto de coherencia ideológica, quieren que sus fieles sean consecuentes con su Comunión y se ciñan a la doctrina católica, como debería ser. Otra explicación, y reconozco que es un poquitín más remota, es que Martínez Camino es en realidad un infiltrado satánico cuya intención es menguar el poder social de la Iglesia y por tanto se decide a poner de patitas en la calle a no sé cuantos miles de sus socios y simpatizantes. La tercera explicación es una mezcla de las dos anteriores: se trataría de unos señores que cegados por su propia manera de pensar van a ser capaces de mermar su propio poder para que su Confesión sea más pura. La pérdida de poder es en realidad, si lo analizamos con perspectiva histórica, un acto completamente anticatólico.

En cualquiera de los tres casos, sería conveniente que esta amenaza se llevara a cabo, y que expulsasen a todos los católicos que no son católicos de verdad, es decir, a aquellos que no desaprueban el aborto, a aquellos que no se meten en la vida privada y de cama de los demás, a aquellos que no van a misa todos los domingos, y de paso a aquellos que votan izquierdas. De este modo la Iglesia Católica tendría a católicos de verdad como fieles, y por tanto, no podría presumir demagógicamente de contar con el 80% de la población española bautizada, y facilitaría, de este modo, el juego político de interpretar los contrapesos de fuerzas sociales a la hora de llevar a cabo reformas de cualquier tipo. Si la Iglesia no cumple su amenaza, estaría mintiendo y faltando a la verdad. Les recuerdo que no engañar es el octavo mandamiento.

Alfonso Cortés González es profesor de Comunicación Política y Publicidad en la Universidad de Málaga.

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