Publicado en Le Monde Diplomatique (edición española). Para leerlo completo en su fuente original pinche aquí.
Si hay una crítica que se le formula constantemente a la Unión Europea (UE), es la de su «déficit democrático» debido a la creciente divergencia entre los poderes que le han transferido los Estados y la posibilidad otorgada a los ciudadanos de ejercer su soberanía. No obstante, pocos análisis cuestionan su funcionamiento, y en consecuencia surgen pocas propuestas para colmar dicho déficit.
Esta vacuidad política deja el campo libre a iniciativas esencialmente centradas en una mejor «comunicación». Así, en octubre de 2005 la Comisión Europea lanzó la iniciativa conocida como 3D -por democracia, debate y diálogo- (1), con el objetivo de «acercar Europa a sus ciudadanos». Los términos utilizados son significativos: desde el punto de vista de Bruselas parece existir por una parte la «Europa» platónica, y por la otra «ciudadanos» desinformados. Se podría pensar que previamente a cualquier reflexión sobre la democracia europea, sería lógico considerar que los ciudadanos no tienen que «acercarse» a Europa, porque ellos «son» Europa…
El fortalecimiento de los poderes del Parlamento Europeo a veces se reivindica como la clave de la democratización de las instituciones de la Unión. Evidentemente, no cabe ninguna duda de que la llegada de un verdadero parlamentarismo a escala de los Veintisiete (2) constituiría un verdadero progreso. Pero el principal obstáculo a la aparición de una auténtica democracia europea reside en la opacidad del proceso de decisión institucional y en la confusión mantenida entre los intereses particulares de los Estados miembros y el interés general de la Unión.
La soberanía popular no se reduce a la existencia de una asamblea votada. Se ejerce diariamente mediante la posibilidad, para el pueblo, de conocer las prerrogativas de sus representantes, de darles mandato en cuanto a las orientaciones y de seguir el proceso decisorio. Se ejerce también por la posibilidad de intervenir en el debate en el momento justo y en el lugar preciso. Ahora bien, en su mayoría los ciudadanos tienen la sensación -justificada- de sufrir las decisiones comunitarias sin controlar los mecanismos. Saben confusamente que casi todas las leyes y reglamentos que regulan su vida diaria son de origen europeo, pero ignoran cuándo y cómo se han tomado estas decisiones, quién asume su responsabilidad y a quiénes pueden pedir cuentas al respecto.
Primer acto de democratización: establecer la distinción neta entre una administración que ejecuta y un poder político que discute, orienta y decide. En democracia, nunca el poder político puede escudarse detrás de una administración para eludir sus responsabilidades. Pero en las instituciones europeas se ridiculiza este principio fundamental: no sólo la Comisión monopoliza la iniciativa legislativa, sino que interviene también en la esfera política del Parlamento y el Consejo. Así pues, se pudo escuchar a un comisario europeo informar al Parlamento, antes de votarse un proyecto de Directiva, que la Comisión no seleccionaría tales y cuales enmiendas aunque los votos le otorgasen la mayoría (3).
Segundo acto, de aclaración esta vez: importa que los ciudadanos europeos perciban con claridad la distribución de funciones y la división de responsabilidades entre las dos instituciones políticas que son el Parlamento por una parte y por la otra el Consejo (o los Consejos de Ministros), donde tienen sus asientos los representantes de los gobiernos. Por cierto, los especialistas conocen una distribución tan compleja, pero sigue siendo poco transparente para la gran masa de europeos. ¿Cuánta gente sabe con exactitud cuándo se consulta simplemente al Parlamento, en qué ámbitos co-decide con el Consejo y según qué modalidades?
En ausencia de esta distinción y esta aclaración, los ciudadanos están incapacitados para ejercer una prerrogativa democrática esencial: el control de la decisión. En democracia representativa, los políticos votados por el pueblo son responsables ante sus electores. Esta transparencia no existe en la UE. No cabe duda de que la intervención de los parlamentos nacionales podría garantizar un mejor control democrático de las decisiones, pero a condición de definir claramente las prerrogativas de unos y otros: en efecto, no habría que poner a competir las asambleas que representan a cada uno de los veintisiete pueblos europeos -y por consiguiente los intereses particulares de cada una de las naciones que componen la UE- con el Parlamento Europeo, que se supone representa al conjunto del pueblo europeo, y en consecuencia al interés general de Europa. Tanto más cuanto que los intereses nacionales también son asumidos por el Consejo, pero sin ninguna transparencia y fuera de todo control.
En efecto, las principales decisiones que comprometen el futuro de Europa se toman en los Consejos Europeos, que reúnen a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, y en los Consejos de Ministros de la Unión. Por lo tanto, la intervención de los parlamentos debería realizarse con anterioridad a esas reuniones, para que los Ministros, Jefes de Estado y de Gobierno fijen sus posiciones a partir del mandato que les habría otorgado la representación nacional de su país. Cada Parlamento nacional podría discutir el orden del día de los Consejos Europeos y, después del debate, ser informado de sus resultados. Por medio de sus diputados electos, los ciudadanos podrían así controlar las decisiones que toman sus gobiernos, y éstos ya no podrían lamentarse del carácter impopular de muchas de ellas escudándose detrás de «Bruselas», siempre designada como un lugar de poder sin rostro sobre el cual no tienen ningún ascendiente.
En una Unión Europea ampliada donde existen numerosos conflictos entre antiguos y nuevos Estados miembro en materia social, fiscal y presupuestaria, se volvía difícil establecer el equilibrio entre interés general europeo e intereses nacionales particulares. Con 27, el método intergubernamental que había prevalecido hasta el momento alcanza sus límites; se agota en la yuxtaposición de exigencias a veces irreconciliables y bloquea muchas decisiones, a falta de un arbitraje decidido en nombre de un interés general que tiene en el Parlamento Europeo la única instancia apta para expresarlo institucionalmente.
Los diputados europeos, contrariamente a los miembros del Consejo, no son los representantes de un Estado: ocupan un escaño en un grupo parlamentario transnacional. Sin embargo, para ejercer la plenitud de sus atribuciones el Parlamento debe ganar en madurez. Al obtener los poderes que todavía le faltan hoy (en especial el derecho de iniciativa legislativa, lo que le quitaría el monopolio a la Comisión), ganaría en visibilidad, y los ciudadanos identificarían mejor el origen de las leyes y reglamentos. Pero también debe emanciparse de la presión de los grupos de presión y los gobiernos. En efecto, con mucha frecuencia los diputados europeos se pronuncian en función de intereses nacionales sectoriales.
Así es como los diputados alemanes miembros del Partido Socialista Europeo (PSE) y los del Partido Popular Europeo (PPE), grupo que reúne distintas formaciones nacionales demócrata-cristianas, unieron sus esfuerzos y sus sufragios para vaciar de la mayor parte de su sustancia el proyecto de reglamento REACH (4) sobre el control de la toxicidad de los productos químicos. Y eso para complacer a la poderosa industria química alemana, respaldada además por el gobierno de Angela Merkel. Asimismo, escasos son los diputados del PSE británicos que se desmarcaron del gobierno de Anthony Blair en la cuestión de la directiva europea acerca del tiempo de trabajo. Según la misma lógica, los eurodiputados franceses votan regularmente y en masa por el mantenimiento del Parlamento en Estrasburgo, cuando esta localización implica un considerable sobrecoste en gastos de funcionamiento.
El Parlamento ganaría en legitimidad si fuera capaz de suscitar debates realmente transnacionales que llevan a una politización de las cuestiones europeas equivalente a la de las cuestiones nacionales. Y más aún porque, compuesto de parlamentarios electos por sufragio universal directo, es la institución comunitaria más receptiva a la presión de las movilizaciones ciudadanas, lo que se pudo constatar en el debate de la directiva «Servicios», llamada directiva Bolkestein. Las campañas de peticiones y las manifestaciones callejeras en varios países europeos pesaron sobre los debates en primera lectura, y provocaron el abandono de la disposición más inaceptable del texto: el principio del país de origen (PPO). Incluso cuando durante los meses anteriores la oposición a este principio, minoritaria en el seno mismo del grupo del PSE, parecía condenada al fracaso. Pero a falta de una movilización equivalente con ocasión de la segunda lectura, el Parlamento ratificó los repliegues pedidos por el Consejo. ¡La mayoría de los diputados del PSE, con la notable excepción de los socialistas franceses, incluso renunció a ejercer su derecho de enmienda para intentar restablecer la integridad del texto votado en primera lectura!
No obstante, el Parlamento Europeo es mucho menos receptivo a las presiones de la población que a las de los gobiernos. La batalla perdida sobre la cuestión de las perspectivas presupuestarias 2007-2013 (5) es reveladora de su tácita aceptación del predominio político del Consejo. Todos los eurodiputados saben que este presupuesto 2007-2013, tal como se votó finalmente, está lejos cubrir las necesidades mínimas indispensables para acompañar la ampliación de la Unión de 15 a 25 (en mayo de 2004) y luego a 27 Estados miembro en enero de 2007. Pero en su mayoría e individualmente se alinearon con la posición del Consejo, avalando así la mezquindad de los gobiernos de los países más ricos. Una de las causas de este fracaso reside en que, en la pugna que durante algunos meses lo opuso al Consejo, el Parlamento no pudo basarse en una conciencia política europea y popular. La responsabilidad política de esta situación se diluyó en el agujero negro del procedimiento de decisión.
En su voto, la mayoría de los eurodiputados no sintieron la obligación que crea la defensa del interés general europeo y el mandato político. Simplemente porque este mandato no existía, y sobre todo porque el concepto de interés general europeo sigue sin estar definido. Lo que precisamente debería ser una de las misiones de los partidos a escala europea. Ahora bien, por el momento tal debate transnacional no está en el orden del día. Ni siquiera en el seno del PSE, donde el espíritu de consenso y el respeto del statu quo pesan con tanta intensidad, a pesar de los esfuerzos de los socialistas franceses y belgas.
En tanto que una nueva concepción de la democracia y del interés general europeos no encuentre los medios de expresarse, el mercado ocupará todo el espacio vacante e impondrá sus intereses. A riesgo de ver triunfar los recortes nacionalistas.
Notas:
(1) Producida tras los «no» francés y neerlandés al referéndum sobre el Tratado Constitucional Europeo, en febrero de 2006, esta iniciativa se continuó con un programa de acción para una mejor política de comunicación europea.
(2) Rumanía y Bulgaria serán oficialmente miembros de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2007.
(3) Declaración del Comisario de empleo Vladimir Spidla con ocasión del voto en primera lectura del Parlamento acerca de la directiva «Tiempo de trabajo», el 11 de mayo de 2005.
(4) El reglamento REACH (acrónimo en inglés de «Registro, evaluación y autorización de sustancias químicas» fue adoptado definitivamente el 13 de diciembre pasado.
(5) El rubro «gastos» del presupuesto europeo está incluido en el procedimiento de codecisión entre Parlamento y Consejo. Pero sólo el Consejo decide el rubro «ingresos», aprovisionado por la contribución de los Estados miembros. Tras haber votado un presupuesto de gastos de 974.000 millones de euros en junio de 2005, el Parlamento se sometió a la propuesta del Consejo, y en mayo de 2006 adoptó un presupuesto de 864.000 millones de euros. El Grupo [Europarlamentario] de Izquierda Unida Europea (GUE) y los diputados socialistas franceses votaron en contra.
Diputada europea, miembro del grupo parlamentario del Partido Socialista Europeo (PSE).
